La Indemnización
Se reconocen al trabajador afectado o, si lamentablemente , falleció, a sus descendientes, indemnizaciones de diverso origen , por parte del empresario y la Administración pública cuya cuantía depende de lo previsto en la Ley, en el contrato o en una sentencia judicial.

Según nuestro ordenamiento jurídico, la víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional puede cobrar:

a) Prestaciones públicas cuya cuantía está en función de los años que haya cotizado el trabajador en el sistema público de Seguridad Social, de la cotización media realizada en un período determinado y de la gravedad del accidente (artículos 100 y ss. LGSS).
     Estas prestaciones, cantidades de dinero que se entregarán periódicamente al trabajador, correrán a cargo de la Seguridad Social o del empresario si se demuestra que incumplió sus deberes de afiliación, alta, baja y/o cotización a la Seguridad Social.
b) El Recargo por falta de Medidas de Seguridad..
     Si se prueba que el empresario incumplió normas de seguridad e higiene en el trabajo estará obligado a pagar un incremento de las prestaciones en favor del trabajador.
     El incremento -recargo, en palabras de la Ley será de un 30 a un 50% según decida la Administración laboral. Se trata de una sanción administrativa impuesta al empresario pero quien la percibe es la víctima del accidente.
     Lo decide la Administración pública, no es asegurable, se gradúa en función de la gravedad de la infracción de la norma de cuidado y actúa de forma parecida a un sistema de daños punitivos.
c) "Mejoras voluntarias" pactadas en el contrato de trabajo o el convenio colectivo del sector en el que trabajaba la víctima del accidente.
     Se trata de aumentos a las prestaciones públicas pactados entre trabajadores y empresarios. Para evitar los riesgos de una eventual insolvencia empresarial, la Ley 8/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y sus ulteriores modificaciones, han obligado a externalizar tales riesgos, bien suscribiendo pólizas de seguros, bien constituyendo planes y fondos de pensiones.
d) Indemnizaciones que se decidan con base en los arts. 1902 y ss. Cc. y 109 y ss. CP si, además de la responsabilidad laboral, se exigen del empresario responsabilidades civiles.
     Prestaciones (públicas o privadas), multas e indemnizaciones por responsabilidad civil tienen una finalidad común: la reparación de los daños seguidos a un accidente laboral o a una enfermedad profesional.