Resoluciones sobre Responsabilidad Administrativa

RESUMEN

El Consejo de Estado coincide con el parecer del órgano instructor y entiende que concurren todos los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, hubo un anormal funcionamiento de los servicios públicos, pues de una forma no esclarecida se sustrajo de una oficina de expedición del documento nacional de identidad el caducado de la reclamante. Estos documentos fueron pieza clave en la comisión de los delitos de estafa luego perpetrados, pues valiéndose de ellos se suplantó la personalidad de la solicitante y se adquirieron vehículos y varios bienes muebles. Tan anormal funcionamiento de la Administración, que primero no impide que le sustraigan de dependencias policiales un documento nacional de identidad y luego expide otro a persona que no es su titular, provocó daños que la interesada no está obligada a soportar y que resultaron de la concurrencia de la actuación de los servicios públicos y de la conducta criminal de los delincuentes condenados por ello. Aunque la principal responsabilidad recae en éstos, no puede negarse que a los perjuicios causados coadyuvó lo sucedido en la oficina expedidora del documento nacional de identidad.

RESUMEN

Se ESTIMA parcialmente la reclamación formulada al constar concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, concretamente la relación de causalidad ente el hecho acaecido, accidente de tráfico, con su efecto lesivo, fallecimiento del conductor, y el funcionamiento del servicio público de carreteras, por la defectuosa señalización existente en la autovía.

RESUMEN

Se trata de una reclamación de un detenido que fue agredido por otro en los calabozos de una dependencia del Ministerio del Interior. El Consejo de Estado coincide con el instructor del procedimiento y entiende que concurren en este caso todos los elementos configuradores de la responsabilidad patrimonial, pues, no puede considerarse funcionamiento normal del servicio el que se cometan delitos contra las personas en las sedes policiales ni, en particular, que un detenido por una infracción administrativa relativa la estancia en territorio nacional sufra una tentativa de homicidio con gravísimas lesiones por parte de su compañero de detención, iniciada además mientras dormía.