Responsabilidad por la Construcción y Modificación de las Carreteras
Concepto
Múltiples son las causas invocadas a la hora de pretender la responsabilidad patrimonial de la Administración por ejecución de las obras en materia de carreteras.
Existen dos arquetipos:
a) Los daños directamente producidos a resultas de la construcción de las carreteras, consistentes en la aparición de grietas o en la necesidad de modificar algunos elementos estructurales de la vivienda. En estos casos, es claro que tales daños son indemnizables. Ahora bien, no lo son las simples molestias derivadas de la ejecución de traba¬jos, pues ello constituye una carga general que el administrado está obligado.
Cuando las molestias adquieren perfiles especialmente gravosos, sí son, no obstante, indemnizables. Para ello es preciso que excedan de lo que constituye una carga general que debe ser soportada.
Tampoco tiene cabida en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la pérdida del paisaje a consecuencia de la ejecución de una obra pública, pues el administrado no tiene derecho a una especial configuración de los elementos urbanos y naturales que configuran el paisaje como ya ha puesto de manifiesto una significativa jurisprudencia. Los eventuales perjuicios estéticos aducidos por las reclamantes, además de ser fruto de apreciación subjetiva, constituyen, en su caso, una carga general derivada de la satisfacción de los intereses de los administrados por parte de la Adminis¬tración mediante la cónstrucción de la correspondiente obra y, en consecuencia, no indemnizable.
b) Daños consistentes en la pérdida de clientela o negocio de los negocios colindantes con la vía pública. Tales daños no son indemnizables, salvo en caso de, privación total de accesos, pues los daños producidos por la mera frustración de expectativas que deri¬va de una alteración de la configuración de la vía pública no son indemnizables pues la Administración puede variar, cuando lo exija el interés general, las características de una obra pública. En efecto, la situación de contigüidad de un inmueble a un camino público no constituye un derecho, sino simplemente un interés y la alteración de las condiciones de acceso a una finca a consecuencia de la ejecución de una obra pública, en tanto no signifique la absoluta privación de acceso al inmueble, constituye una carga general que no confiere a los interesados derecho de indemnización alguno.
Así se ha afirmado correctamente que:
"el reclamante no se ha visto privado del acceso a su propiedad, sino que, a resul¬tas del desdoblamiento de la carretera Nacional I y su conversión en autovía, se han reordenado los accesos, sustituyendo los directos a las propiedades colindantes por otros"de carácter indirecto, a través de una vía de servicio, lo cual lleva un aumento de la distancia que han de recorrer los usuarios de la vía principal entre ésta y cada uno de los predios limítrofes. No teniendo el reclamante un derecho a la contigüidad y al acceso directo desde la vía pública a inmueble, no cabe apreciar la existencia de una lesión indemnizable."
Y, es que el concepto jurídico de lesión comporta que una actividad produce un efecto antijurídico. La actividad en sí puede ser jurídica, y por tanto estar legitimada, pero producir un efecto antijurídico en el patrimonio de un sujeto. Entonces hay lesión indemnizable.
Pero si el efecto es el menoscabo de un interés nacido de unas expectativas creadas o amparadas por una obra pública o por un servicio público, es evidente que no hay imposición de un sacrifico jurídicamente indemnizable.
Por tanto la eventual pérdida de negocio invocada por los reclamantes no constituyen lesión en sentido técnico, esto es, privación de derechos patrimoniales evaluables, por cuanto la situación de un inmueble respecto a la vía pública no es constitutiva de ningún derecho subjetivo o interés legítimo, sino simplemente un interés.