RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CONSECUENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO VIARIO

     Numerosos son los casos en los que la intervención administrativa en materia de obras públicas produce daños en la esfera patrimonial de los particulares.

     La Administración tiene el deber ineludible de mantener abiertas las carreteras a la circulación en condiciones tales que la seguridad de quienes las utilicen esté totalmente garantizadas. Ahora bien, con ello no se debe concluir que todo accidente de circulación ocurrido en las carreteras debe ser Indemnizado por el Estado.

     Por otra parte, los arquetipos de funcionamiento medio del servicio público son distintos según la calificación formal de la vía camino rural, autopista, autovía o carretera), su importancia (por su intensidad de circulación, por su situación geográfica) y las condiciones externas (meteorología …).
     Lo que sí debe exigirse rigurosamente es la prueba, no sólo de utilización del servicio público sino de la relación de causalidad entre el daño y la negligencia.

EL PROBLEMA DE LA TITURALIDAD DE LAS CARRETERAS

     El concepto de Administración Pública incluye multitud de entidades de distinta naturaleza, es preciso determinar aquella frente a la que dirigir la acción.
     En la mayoría de las ocasiones , la solución es clara; contra la Administración titular de la vía pública en la que se sufrió el Accidente; esto es contra la Administración General del Estado, de la comunidad Autónoma correspondiente, la de la provincia o la del municipio en su caso.

NEGLIGENCIAS MÁS FRECUENTES

     Las reclamaciones formuladas por los particulares por daños que atribuyen a la deficiente conservación y mantenimiento de las carreteras se pueden agrupar en diferentes ramos.
     En todo caso, la declaración de responsabilidad patrimonial en cada caso exige, la ponderación del caso concreto, actuar al hilo de distintos y variados supuestos, más que con base en grandes principios.