Causa-Efecto
Concepto
LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA LESIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
El marco legal del instituto de la NEGLIGENCIA supedita la existencia de responsabilidad patrimonial exigible al Estado que la lesión existente sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (artículos 106.2 de la Constitución y 139.1 LRJ-PAC).
Entre el funcionamiento del servicio público al que se imputa la lesión y la lesión del derecho invocada por el particular que reclama debe existir una relación de causalidad.
Tanto la doctri-na científica como numerosas Sentencias del Tribunal Supremo vienen concibiendo la cuestión del nexo causal erróneamente, como si se tratase de un problema a resolver desde una perspectiva fáctico-empírica, esto es, como si se tratara fundamentalmente de una cuestión de hecho. Paradójicamente, ese mismo planteamiento del nexo causal desde una perspectiva fáctica, unido a una consideración del daño como simple detrimento patrimonial, obligaría a hacer a la Administración responsable de la práctica totalidad de los daños que puedan sufrir los particulares, según aquello de que “el vuelo de una mariposa en Nueva York es causa de un huracán en Tokio".
Si una actuación de la Administración interviene en un proceso causal fácti-co con perjuicio para tercero, no es posible negar, sin alterar la realidad de las cosas; el poder causal de dicha intervención sobre la base de que otro agente distinto de la Administración también intervino en la producción del resultado.
Supuestos de ruptura del nexo causal
Análisis de los supuestos en que el nexo de causalidad queda roto al interferirse una situación de fuerza mayor, el hecho de un tercero o, inclu-so, la propia conducta de la víctima no es solución válida ya que, en tales casos, lo que se daría es una concurrencia de causas: de la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la conducta de la víctima con el comportamiento de la Administración, que no excluyen necesariamente la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Con base en esa distinción, para nuestro ordenamiento jurídico (artículos 139 y siguientes de LRJ-PAC, y disposiciones concordantes) la responsabilidad patrimonial de la Administración nace siempre que ésta cause a los particulares una lesión en sus derechos o bienes jurídicamente protegidos, esto es, siempre que con su comportamiento la Administración sea la causa, en términos de autoría, de la lesión cuyo resarcimiento se pretende por el reclamante.
Entendida de esta manera, la responsabilidad patrimonial que nace de la producción de "daños" (lesiones de derechos) es necesariamente una cuestión de índole esencial-mente jurídica tanto por lo que se refiere a la producción del evento lesivo (causalidad) como por lo que se refiere a sus consecuencias jurídicas (imputación), aunque para que se produzca la lesión se requiera como presupuesto un acontecer que se da en el plano de los hechos.