El Título de Imputación en la Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Concepto
Desde un planteamiento teórico o conceptual la imputación de una lesión y la imputación de una responsabilidad patrimonial (en ambos casos, en cuanto a la lesión de un derecho o bien jurídico protegido) son cuestiones distintas. La primera únicamente nos dice que se ha producido la lesión de un derecho por obra (causa) de un agente deter-minado, pero sin especificar las consecuencias jurídicas de ello; la segunda, en cambio, presupuesta la lesión del derecho, determina la obligación de indemnizar, aunque dicha obligación no tiene por qué recaer necesariamente en el causante de la lesión.
El régimen de responsabilidad patrimonial establecido en la ley contempla la responsabilidad patrimonial de la Administración, en todos los casos, pero sólo en ellos, en que se haya producido la lesión de un derecho o bien jurídicamente prote-gido de una persona (o grupo de personas) imputable a la Administración porque haya existido un nexo de causalidad (jurídica) entre la lesión y el funcionamiento de algún ser-vicio público de su titularidad.
Decimos "funcionamiento de algún servicio público de su titularidad" (de la Administración) porque el criterio de imputación de la responsabilidad patrimonial contenido en la LRJ-PAC es un criterio orgánico o subjetivo.
La Administración únicamente responde patrimonialmente de los daños (lesiones de derechos) que le sean imputables porque ella misma los haya causado con su comportamiento activo u omisivo.
Se trata, por tanto, de una responsabilidad patrimonial que es siempre por «actos propios» (a este respecto téngase en cuenta que los actos realizados por las personas que se integran en la estructura organizativa de la Administración como personas jurídicas).
Este criterio orgánico de imputación implica que la ley no contemple la responsabilidad patrimonial que pueda derivarse de daños causados por sujetos distintos a la Administración, en particular sus contratistas, quienes ejercitan "privadamente" fines públicas, los colaboradores "ocasionales" de la Administración o los gestores de hecho de servicios públicos.
La responsabilidad en tales casos corresponderá, en principio, exclusivamente a esas personas, sin perjuicio de que si efectivamente se diera un comportamiento de la Administración concurrente con el de aquellas personas en la producción del evento lesivo, entonces nos encontraríamos ante una responsabilidad patrimonial concurrente de la Administración y dichas personas.
Así mismo, en sede de imputación de la lesión deberán ser resueltos los problemas que se plantean en relación con los daños debidos a una Administración y otros sujetos jurídicos distintos de ella (concurrencia de causas-concurrencia de responsabilidades).