Procedimiento Administrativo
I. Requisitos del procedimiento
     El procedimiento articulado para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, al que se refieren los artículos 142 y 143 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y que se encuentran desarrollados en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Para poder ejercitar la acción deben cumplirse unos requisitos de admisibilidad.
A) Subjetivos.
En primer lugar, la reclamación debe dirigirse a una Administración pública: Estado, Comunidad Autónoma, entidad local o entidades de derecho público.
- En el ámbito de la Administración del Estado, la resolución corresponde al Ministro respectivo o al Consejo de Ministros cuando exista una previsión legal expresa en tal sentido.
- En las Comunidades Autónomas la regla general es que el órgano competente suele ser el Consejero correspondiente.
- En las Corporaciones Locales parece que debe resolver el Pleno del órgano correspondiente.
- Merece especial atención el caso de las Entidades de Derecho Público. El Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que las entidades que integran la denominada Administración institucional, en principio, han de tramitar y resolver las reclamaciones patrimoniales fundadas en la actuación de sus órganos y de su personal, exigiéndose que tales entidades gocen de una particular autonomía de gestión y señalándose al efecto como criterio determinante para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial el servicio público causante, en cada caso, del daño en que se ampare la pre-tensión indemnizatoria.
- En el caso de que se considere que existe responsabilidad concurrente entre varias Administraciones, sí rige la regla de la solidaridad -cuando se encuentren articuladas fórmulas conjuntas de actuación- el particular podrá dirigirse a cualquiera de ellas. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones. En otros supuestos de concurrencia la responsabilidad de cada Administración se fijará atendiendo a los criterios de competencia, interés público e intensidad de la intervención; y si no es posible dicha determinación la responsabilidad será solidaria (artículo 140 de la Ley 30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999 y artículo 18 del Reglamento).
B) Objetivos.
Únicamente hay que señalar que el objeto de este procedimiento es el de verificar si concurren los requisitos exigidos legalmente para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. En este procedimiento no cabe plantear ninguna otra cuestión, ni tampoco cabe que una reclamación de esta naturaleza se resuelva en un procedimiento distinto.
C) Plazo para ejercitar el derecho a reclamar.
Sin duda una de las cuestiones más interesantes que plantea la teoría de la responsabilidad patrimonial es la relativa al plazo para interponer la reclamación.
Según el artí-culo 142.4 de la Ley 30/1992, el derecho a reclamar prescribe al año de haberse dictado la sentencia definitiva; y según el artículo 142.5, el derecho a reclamar prescribe al año de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
II. Procedimiento Ordinario
     Corresponde a continuación examinar el concreto iter procedimental diseñado por la Ley 30/1992 para exigir la responsabilidad patrimonial. En particular, la Ley distingue un procedimiento ordinario y un procedimiento abreviado.
     Nos referiremos al procedimiento ordinario pues el procedimiento abreviado es totalmente excepcional y reservado para los casos de indudable e ineludible responsabilidad patrimonial.
Iniciación del procedimiento. El procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración puede iniciarse de oficio o a instancia de parte. La regla general es que este tipo de procedimientos se inicie a instancia de parte.
Si el procedimiento se inicia de oficio (artículo 5 del Reglamento), el acuerdo de iniciación habrá de notificarse a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de siete días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes. Este procedimiento se instruirá aunque los particulares no se personen y la notificaciones también habrá de practicarse en relación con aquellos otros sujetos que igualmente podrían resultar afectados (por ejemplo, concesionarios).
Si el procedimiento se inicia a instancia de parte (artículo 6 del Reglamento), el escrito presentado habrá de reunir los requisitos del artículo 70 de la Ley 30/1992, con especial referencia a los hechos que fundamentan la reclamación, y deberá dirigirse al órgano en cada caso competente.
     Los procedimientos administrativos así iniciados, el acto de iniciación determina, además de la incoación del expediente, dos efectos fundamentales en el devenir del procedimiento: la obligación de resolver por parte de la Administración (artículo 43.1 de Ley 30/1992) y el impulso de oficio del procedimiento (artículo 74). En efecto, una vez presentada la reclamación, la Administración debe tramitar el procedimiento así iniciado, que impulsará de oficio en todos sus trámites.
Instrucción. El órgano ante el que se tramite el procedimiento realizará los actos de Instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba dictar la correspondiente resolución.
     Cuando hubiese personas cuyos derechos o intereses pudiesen resultar afectados directamente por la resolución que se dicte, habrá de comunicárseles la incoación del procedimiento a fin de que puedan personarse y formular alegaciones.
     En cuanto a la prueba, se aplican las reglas generales del artículo 80 de la Ley 30/1992, aunque con algunas modificaciones (artículo 9 del Reglamento): el plazo será de treinta días y cuando sea necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba.
     Deberán informar el expediente los servicios correspondientes de la Administración pública frente a la que se formule la reclamación (artículo 10 del Reglamento).
     Asimismo, el órgano competente habrá de obtener los informes que resulten preceptivos y podrá solicitar los informes que considere necesarios.
El dictamen habrá de pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización.
El plazo para emitir el dictamen es de dos meses.
El dictamen constituye un trámite esencial, cuya ausencia determina, como regla general la nulidad de pleno derecho de lo actuado en tanto supone la omisión de un trámite inicial del procedimiento que se ha equiparado a la falta total del mismo.
En la instrucción del procedimiento se acordará el trámite de audiencia con sujeción a las reglas generales (artículo 84 de la Ley 30/1992).
En cumplimiento de este trámite debe verificarse con anterioridad a la remisión del expediente al Consejo de Estado; ello sin perjuicio de que ante el propio Consejo los particulares afectados puedan solicitar nueva audiencia.
Terminación. El procedimiento termina normalmente con la resolución del órgano competente , que habrá de dictarse en el plazo de veinte días a contar desde la recepción del dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico correspondiente o, si el dictamen no fuera preceptivo, desde la conclusión del trámite de audiencia artículo 13 del Reglamento
La resolución habrá de ajustarse a lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley 30/199 se pronunciará necesariamente sobre la existencia o no de relación de causalidad e el funcionamiento del servicio y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del capital con expresión de los criterios utilizados para su cálculo.
El artículo 8 del Reglamento, en línea con lo dispuesto por el artículo 88 de la L 30/1992, prevé la posibilidad de que, en cualquier momento del procedimiento, a través del trámite de audiencia, se llegue a un acuerdo sobre la indemnización.
     Es importante destacar que el acuerdo indemnizatorio no puede versar sobre la procedencia de la declaración de responsabilidad y de la subsiguiente indemnización, limitándose su alcance a la determinación de la cuantía y al modo de la compensación cuando ésta resulte procedente.
     En definitiva, el órgano competente ha de concluir que con-curren los requisitos exigidos legalmente para declarar tal responsabilidad, de modo que es este pronunciamiento el que, completado con el acuerdo de indemnización, pone fin al procedimiento (y no únicamente el acuerdo sobre la indemnización).
Si el interesado acepta, en el mismo plazo de veinte días se someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para resolverlo.
En todo caso, ha de señalarse que es posible que entre en juego el silencio administrativo: si no se adopta resolución expresa dentro de plazo -seis meses a contar desde el inicio del procedimiento: plazo que resulte si se añade la duración del plazo extraordinario de prueba (artículo 3 del Reglamento)- se presume desestimada la reclamación (artículos 142.7 y siguientes de la Ley 30/1992).