NEGLIGENCIAS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

     Una de las atribuciones características de la Administración tal y como hoy la concebimos, se traduce en el deber de mantenimiento de la seguridad y orden sociales.
     Efectivamente, las directrices básicas sobre Responsabilidad Patrimonial de la Administración contenidas en el título X de la Ley 30/1.992, deben ponerse en conexión y ser aplicadas bajo la óptica de la legislación penitenciaria contenida en la ley Orgánica General Penitenciaria 1/1.979 (L. O. G. P), de 26 de septiembre , y su actual norma principal de desarrollo, el R.D 190/1.996 , de 9 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
     En el ámbito concreto al que nos referimos, el artículo 1 de la mencionada Ley Orgánica General Penitenciaria, explica en términos amplios y genéricos en qué consiste el funcionamiento normal de la Administración Penitenciaria, al afirmar que: “ Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados “. Dicho precepto significa que en los centros penitenciarios se debe velar por la integridad física y moral de los reclusos evitando que sufran daños y lesiones durante el tiempo de cumplimiento de sus penas.
El deber de respeto de los derechos fundamentales de los reclusos
     No resulta difícil intuir que la Responsabilidad patrimonial que en su caso pueda exigirse a la Administración penitenciaria por los daños sufridos por detenidos y presos, se ubica en el marco de la labor de custodia que deben ejercer dichas instituciones.
     La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo , haciéndose eco de tales exigencias , al resolver supuestos de posible responsabilidad patrimonial , suele tomar como punto de partida el ineludible deber de las Instituciones carcelarias de mantener a los internos en condiciones de dignidad y seguridad , apoyándose en los artículos 10.1 y 15 de la Constitución Española, en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
      De esta forma y, a título de ejemplo, los funcionarios deben sustraer a los internos los elementos con los que puedan agredir a otros reclusos, o a sí mismos, evitar enfrentamientos o peleas...
Cuestionable Responsabilidad Objetiva
     El criterio de Objetividad que en nuestro país se viene tradicionalmente predicando de la misma, resulta matizado en el ámbito de la Administración penitenciaria. Se exige como requisito imprescindible por la Jurisprudencia para reconocer como procedente una indemnización que se verifique “algún elemento de anormalidad en el servicio penitenciario“, que permita establecer un nexo de causalidad entre la actuación administrativa y el daño sufrido por el interno (entre otras Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de mayo de 1.999, Sala Tercera.) De esta forma cuando no queda absolutamente probada la concurrencia de un defecto de desenvolvimiento del servicio público, entendiéndose que el daño obedece a la culpa exclusiva de la víctima, se ha considerado roto el nexo causal, negándose , en consecuencia, la existencia de responsabilidad patrimonial.
     En definitiva, a pesar de que en alguna ocasión el Tribunal Supremo se pronuncia sobre una Responsabilidad de la Administración Penitenciaria , pareciendo querer reconocerla sobre un adecuado funcionamiento del servicio público, de continuo, se suele estimar la responsabilidad en el caso de concurrir un actuación u omisión indebida, y por tanto, anormal del Estado.
Informe sobre las Cárceles año 2.006
     El Informe del Defensor del Pueblo referente al año pasado, destaca entre otros aspectos, la existencia de alta tasa de suicidios (derecho a la vida), deficiencias en la sanidad (derecho a la salud), falta de tratamiento para presos (derecho a la reinserción), y los escasos dedicados al Ministerio de Justicia y Exteriores sobre tardanza de indultos y de apoyo a presos en el extranjero.
     Para saber más… Supuestos más comunes.