La pluralidad de nexos causales; Concurrencia de responsabilidades
Actualmente el hecho de que sea el propio recluso el que desencadene su muerte, o que sean otros internos los que la produzcan, o causen las graves lesiones a un compañero, no es obstáculo a la determinación de responsabilidad patrimonial de la Administración que el resultado dañoso padecido aparezca bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes. De tal forma que no obsta para exonerar de responsabilidad patrimonial a la Administración.

Así es, si llega a determinarse la concurrencia de varias con causas generadoras del resultado antijurídico, no se cuestiona el que deba procederse a verificar una graduación de la correspondiente culpa atribuible a cada una de las partes que hubiese influido con su actuación u omisión en nexo causal. Atemperación de culpas que se traduce en un reparto de responsabilidades que, de suyo, redunda en el elemento a través de cual se resarce del daño sufrido; esto es, la indemnización. Y ello en aras a conseguir una atribución proporcional de la reparación.

Para el caso específico de la Administración penitenciaria, así se reconoce en las siguientes resoluciones: STS de 25 de enero de 1997; STS de 8 de abril de 1998; STS de 12 de mayo de 1998; STS de 19 de junio de 1998; STS de 23 de febrero de 1999; STS de 25 de febrero de 1999; STS de 30 de marzo de 1999; STS de 4 de mayo de 1999; STS de 14 de junio de 1999; STS de 25 de abril de 2000; STS de 13 de marzo de 2001; o STS de 22 de mayo de 2001, todas ellas puestas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Pormenorizando en alguno de los pronunciamientos más interesantes los mencionados dos se puede reproducir lo manifestado en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de abril de 1998, en la que se, conocía un supuesto de responsabilidad patrimonial por el fallecimiento de unos internos en una celda a consecuencia de un incendio, se afirma que ésta:

"debe ser entendida en sentido relativo y no absoluto, pues puede exigirse con rigor en supuestos dañosos acaecidos por funcionamiento al, el hecho de que la intervención de un tercero o la concurrencia de concausas imputables, unas a la Administración, y otras a persona ajenas e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de compensación para atemperar la indemnización a las características concretas del caso examinado" (F.J.3°)

Sólo si la Administración prueba real y eficazmente la interferencia de un hecho con entidad y potencialidad suficiente para producir la ruptura del nexo causal que vincula actuación con el daño, no se decretará su deber de indemnizar. Es evidente que es Administración la que tiene la carga de la prueba de tales eventos.
     En este sentido se manifiesta el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de febrero de 1999, que versaba sobre un supuesto de incendio ocurrido en un establecimiento penitenciario que ocasiona la muerte de un recluso. La Administración intenta eximirse de responsabilidad alegando que el fuego lo provocó el interno al fumar en su celda, acto que les está permitido; a lo que el órgano jurisdiccional tras el examen del expediente, responde que no es posible determinar si el incendio ha sido fortuito o intencionado y que tampoco es posible saber con certeza si los extintores estaban o no en condiciones correctas de funcionamiento. Es decir, la Administración no logra probar la ruptura del nexo causal que la liga con el perjuicio, y, por consiguiente no se irroga su falta de responsabilidad.

Por todas se puede consultar la STS de 15 de abril de 2000. En ella se estudiaba el caso de un recluso que había fallecido víctima del apuñalamiento que le propinó otro interno. En el seguimiento del caso se demuestra que la Administración no obró con la diligencia que le es exigible en la medida de que no fue capaz de localizar un arma blanca a disposición de uno de los reclusos que además estaba considerado como de gran peligrosidad, ni de atender al agredido con la rapidez pertinente, por lo que se concluye que:

"la conducta del recluso agresor (...) no sólo no ha quebrado el nexo causal entre la deficiente prestación del servicio penitenciario y el fatal resultado del fallecimiento del recluso agredido, sino que no puede considerarse un causa relevante para moderar la reparación a cargo de la Administración penitenciaria.”

Se aprecia de lo expuesto que permanece consagrada la doctrina jurisprudencial, acogida en la práctica desde mediados de la década de los noventa en base a la cual y separándose de otra línea considerada obsoleta, no se rechaza sistemáticamente las demandas de resarcimiento desde el mismo momento en que se aprecia la interferencia en el proceso causal de la conducta de la víctima o de una tercera persona, aunque con ellas concurriera a la producción del daño la actividad de la propia Administración demandada.
     La mayor parte de estos supuestos desemboca en el reconocimiento de una concurren¬cia de responsabilidades que para la Administración se traduce en una reducción del importe indemnizatorio que habrá de satisfacer.