IMPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDICIONES ILEGALES DE TRABAJO O DE SEGURIDAD SOCIAL

     El Código Penal establece lo siguiente:
Artículo 311
     " Serán castigados con las penas de prisión de seis a tres años y multa de seis a doce meses:
1º. Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
2°. Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.
3°. Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado . "
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     La acción consiste en imponer, es decir, en obligar a los trabajadores a aceptar determinadas condiciones. Cuando la aceptación de las condiciones es libre por parte del trabajador no existirá, por tanto, este delito. Dicha imposición se puede llevar a cabo, por un lado, a través del engaño, con lo que se plantea el concurso con la estafa, que crea debe ser resuelto afirmativamente, debiéndose aplicar la regla del concurso ideal medial , ya que el perjuicio, en este caso carácter patrimonial, aunque es tenido en cuenta en la configuración del tipo, no es necesario que se produzca para la consumación del delito.
     La acción se puede llevar a cabo, por otro lado, abusando de la situación de necesidad del trabajador, que, a diferencia de lo que sucede la otra modalidad, conoce el carácter ilegal de las condiciones que acepta, pero no tiene otro remedio que aceptarlas.
     Si además se emplea violencia o intimidación, según el apartado 3° se impondrán penas superiores en grado.
     En definitiva, lo que importa es que se constriña o se suprima libertad del trabajador a la hora de la contratación.
     El resultado es la imposición de condiciones que perjudican derechos que tengan los trabajadores por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
     El delito se consuma, por tanto, con la imposición de las condiciones desfavorables, sin necesidad que éstas, una vez impuestas, persistan a lo largo de todo el tiempo contractual.