DELITOS DE LESIÓN O DE RESULTADO. LESIONES IMPRUDENTES.

Concepto
     Los delitos imprudentes de lesión o de resultado (crimina culposa) están previstos de forma taxativa en el texto punitivo a partir del Código penal de 1995. Antes en el código penal, la imprudencia se tipificaba por el sistema de cláusula general (crimen culpae), lo que comportaba problemas de legalidad y seguridad jurídica, pues era la jurisprudencia la que declaraba los delitos que podían cometerse en forma imprudente. Por el contrario, ahora el código establece el sistema de catálogo de infracciones que pueden cometerse de forma imprudente. Relativas a los delitos sobre Lesiones Imprudentes encontramos Lesiones Imprudentes (art. 152), daños imprudentes (art. 267; faltas de lesiones imprudentes (art. 617 y 621) falta de daños (art. 625).

     Penalidad; Con la pena de uno a tres años de prisión se castigan las lesiones graves. Las lesiones imprudentes leves con la pena de prisión de tres a seis meses. Con la pena de seis meses a dos años en el caso de las lesiones del art. 150 del CP (pérdida de miembro no principal).
IMPRUDENCIA PROFESIONAL
     En el ámbito penal, es preciso, antes de afirmar la existencia de imprudencia, imputar objetivamente el resultado a un comportamiento personal para, posteriormente, entrar en la calificación de ese comportamiento como doloso o imprudente.
     Se trata, en definitiva, de establecer, con carácter previo, la relevancia causal del comportamiento del deudor de seguridad. “Lo esencial consiste en determinar si el empresario ha infringido alguna concreta norma de seguridad y ésta, de haberse cumplido, lo hubiera evitado o aminorado”. Es a partir de ese momento, cuando se puede cuestionar si existe vulneración de la norma de cuidado, como se ha resaltado por la doctrina, si bien la reglamentación técnica extrapenal cumple una función indiciaria del contenido del deber de cuidado y por tanto su violación será también indicio de antijuridicidad penal, el tránsito de esta normativa al Código Penal no puede resultar automático pues de ser así nunca habría lugar a exigir responsabilidades administrativas.
     Es, pues, imprescindible constatar el plus de antijuricidad específicamente penal, ya que, el deber objetivo de cuidado encuentra mayor exigibilidad en el ámbito laboral hasta convertirse, la simple omisión abstracta de preceptos reglamentarios, en fuente de responsabilidad pena, la mera infracción de la norma reglamentaria no es determinante, de por sí, de imprudencia penalmente relevante.
     Si en los delitos de peligro de los artículos 316 y 317 del Código Penal , es elemento típico esencial la infracción de específicas reglas de seguridad, en los delitos imprudentes, la norma de cuidado tiene un alcance mucho más amplio y no siempre positivizado.
     No toda imprudencia o negligencia con origen en el trabajo, cualquiera que fuese el resultado lesivo, debe ser incardinada, sin más, en el ámbito criminal, Sólo la más grave de las infracciones, la dejación de los más elementales deberes de cuidado o protección merecen la salvaguardia o protección de este orden jurisdiccional.
     El Ordenamiento Jurídico prevé de otros remedios para proteger a la víctima frente a actos atentatorios que traigan causa en la denominada culpa extracontractual o Aquiliana y en orden a conseguir para aquella la más absoluta indemnidad”...
     No en vano, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de enero de 2.002, advierte, recogiendo doctrina jurisprudencial anterior, que "reducir la intervención del derecho penal, como ultima ratio, al mínimo indispensable para el control social, es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que ajenas a la constatación de una incorrecta aplicación de la Ley vigente".
     Ciertas sentencias recientes siguen calificando los homicidios imprudentes como “imprudencia grave con el resultado de muerte” y otras, más allá de la inercia terminológica, mantienen interpretaciones de fondo más próximas al Derecho derogado que al vigente.
     En términos teóricos, por eso, resultaría concebible que el legislador decidiera sancionar los comportamientos imprudentes en exclusiva atención a la intensidad de la inobservancia de los deberes objetivos de cuidado, al margen de que se produjera o no un resultado como consecuencia de aquel comportamiento (ya algún autor ha señalado que algo de esto sucede en los delitos de peligro) Si en la actualidad la imprudencia sin resultado no es punible, no se cumple con la legislación vigente.
     No es ésta, empero, la línea argumental más implantada en la jurisprudencia. La sentencia del Tribunal Supremo (STS) de fecha 25-abr-05 (caso Ardystil) considera “oportuno consignar que el resultado en el delito imprudente no es una condición objetiva de punibilidad sino que forma parte del ilícito imprudente”.
IMPRUDENCIA GRAVE
     Respecto a la gravedad, exigida por los artículos 142, 152 y 621.1, existe cierto acuerdo doctrinal y jurisprudencial en equiparar - la imprudencia grave con la temeraria de los Códigos anteriores- , tomando como criterios la importancia o evitabilidad de la norma de cuidado infringida y la gravedad de la infracción. O, como aclara la STS de 25-abr-05, reiterando la fórmula ya empleada en la STS de 19-oct-00, es grave, o temeraria, la imprudencia " cuando supone un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado".
     Estas consideraciones adquieren especial relieve cuando la situación de riesgo creado con el comportamiento imprudente afecta a bienes de primer interés, como es la vida de las personas, y cuando se está creando un peligro elevado para dichos bienes sin la adopción de las necesarias medidas de cuidado y control”.
     Si la constatación de imprudencia no exige violación de normas laborales, aunque en términos estadísticos esta violación acompañará a todo comportamiento imprudente -dado el alto y detallado grado de normativización de la materia- la calificación de aquella como grave es tarea en la que el juzgador penal se mueve con independencia. En términos idénticos, cuando de calificar la imprudencia como grave se trata, hay que partir, igualmente, de la independencia del juez penal. Normalmente, la infracción muy grave será reflejo de conductas imputables a título de imprudencia grave. Pero no se puede afirmar que, en todo caso de infracción muy grave, la existencia de resultados (típicos) lesivos constituya prueba de comportamiento imprudente con relevancia penal.
     No es correcto entender que existe imprudencia grave sólo cuando se infringen“ todas” las previsiones exigibles al garante de seguridad, Tampoco puede ser aceptada otra línea de interpretación próxima en cuya virtud se debe apreciar imprudencia grave en los casos de ausencia total de medios de seguridad, y leve cuando esos medios existen, pero son defectuosos, inadecuados o inservibles.
     El deudor de seguridad, el empleador, el técnico de seguridad... son los obligados a garantizarla aplicando la diligencia exigible. Mientras que el trabajador, que tiene también deberes relativos a su seguridad, no es deudor de la misma frente a nadie. Por tanto, la asunción por éste de riesgos desmesurados no puede dar lugar a exigirle responsabilidad criminal.
     "No es la víctima la que se introduce voluntariamente, asumiendo el riesgo existente, en el peligro ya creado previamente por el empresario al ordenarle trabajar en tales condiciones. Es el empleador y nadie más quien crea un peligro sobre la víctima que debería haber previsto, si hubiera adoptado las medidas de precaución y cautela exigibles...". Y, viceversa, cuando el resultado lesivo pueda explicarse atendiendo exclusivamente a la imprudencia de la víctima, la del deudor de seguridad es irrelevante, a efectos de su consideración como delito imprudente.