ORDEN  RP DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA CARM.

Región de Murcia
Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio

Secretaria General

ORDEN 

Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente número RP 74/04, por daños y perjuicios sufridos por accidente de circulación, en la carretera D-11, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 19 de noviembre de 2004, se presenta en el Registro General de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, reclamación por parte de D. S. y Doña M. por la que se solicite indemnización, como consecuencia de la muerte de su hijo y los daños en el vehículo en accidente de tráfico ocurrido el día 29 de mayo de 2004 cuando circulaba sobre las 10.30 horas en la autovía dirección a Mula con el vehículo de su propiedad marca Renault Megane matrícula B-0000-AA, por colisionó con una valla informativa.

Se solicita una indemnización 171.303,77 euros desglosados en las siguientes cuantías:

- 12.000 euros por daño material del vehículo.
- 159.303,77 euros por muerte.

SEGUNDO.- Con fecha de 25 de enero de 2005 se solicita del Parque de Maquinaria (Dirección General de Carreteras) informe de técnico competente relativo a la determinación del valor venal del vehículo en el momento del accidente, así como de los daños del vehículo.

TERCERO.- Con fecha 27 de enero de 2005 se solicita del reclamante que subsane su reclamación. Con esta actuación se suspende el plazo máximo para resolver el procedimiento desde que se produce la notificación de la solicitud de mejora hasta su efectivo cumplimiento.
También se solícita copia autenticada de las Diligencias 706/04 instruidas como consecuencia del accidente objeto de la presente reclamación a la Comandancia de la Guardia civil de Murcia.

CUARTO.- Con fecha 28 de enero de 2005 se solicita informe preceptivo de la Dirección General de Carreteras.

QUINTO.- Con fecha 16 febrero de 2005 se recibe informe del Jefe de explotación de La empresa concesionaria de la Autovía del Noroeste-Mula (C-415). Su contenido es el siguiente:

1) Esta vía pertenece a la Red de Carreteras de la Región de Murcia, siendo por tanto de titularidad autonómica.

2) El accidente se produjo del siguiente modo: en una primera fase el vehículo se salió por la margen izquierda de la vía e invadió parte de la mediana. Al percatarse el conductor de esta situación da un giro brusco hacia el lado contrario lo que provoca el descontrol del vehículo, que tras girar sobre sí mismo termina impactando lateralmente contra las vigas del cartel.

3) Consideramos que el conductor no actuó con la debida precaución y atención requeridas en cualquier tipo de conducción, pues en el origen del accidente no concurren factores externos-otro vehículo, condiciones meteorológicas, estado de la calzada, etc sino más bien son consecuencia de la acción del propio conductor.

4) Entendemos que no existe relación de causalidad entre el servicio público que presta esta empresa concesionaria y el siniestro en cuestión, siendo la conducta del conductor la que interviene de modo decisivo en la producción del mismo.

5) La colocación de la señalización vertical de la autovía, al igual que el resto de vías, se rige por lo prescrito en la Norma 8.1-IC de Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden de 28 de diciembre de 1999.

En el apartado 3.3.1 de dicha norma, referente a la posición transversal de los carteles en una autovía se dice “las señales y carteles laterales se colocarán de forma que su borde más próximo diste al menos 3 m. Del borde exterior de la calzada y 0,7 m del borde exterior del arcén”.

Medidas in situ las distancias del cartel en cuestión se obtienen los siguientes datos:
• Distancia del poste más cercano al borde de la calzada exterior: 4,2 m.
• Distancia del mismo poste al borde exterior del arcén: 1,7 m.
Por lo que se demuestra que dichas distancias cumplen sobradamente la norma anterior.

6) La disposición de la barrera metálica de protección (bionda) se incluye en el apartado de señalización y balizamiento del Proyecto de Construcción de la Autovía del Noroeste, aprobado por la Dirección General de Carreteras y supervisado por la misma hasta su puesta en servicio.
Al igual que la señalización vertical, la colocación de barrera bionda se rige por lo prescrito en la Orden Circular 312/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. En dicha norma se establece la necesidad de colocar este tipo de protección ante la existencia de obstáculos, árboles o postes de más de 15 cm de diámetro. Los postes que sirven de sujeción al cartel eran de 14 cm cumpliendo así con dicha norma, por lo cual no existía la obligación de chocar dicha protección.

7) Según lo anteriormente expuesto no debe imputarse a la Administración ni al servicio de Conservación y Explotación realizado por esta empresa Concesionaria, responsabilidad alguna por la reclamación efectuada.

8) Como ya se ha indicado anteriormente y al igual que el resto de la autovía el tramo en el que se produjo el siniestro se haya señalizado y balizado según la normativa vigente.

9) Al no ser materia de su competencia esta concesionaria no puede emitir ninguna valoración de los daños materiales alegados por el reclamante.

10) En el escrito del reclamante, se indica que en los días siguientes al accidente se volvió a colocar una nueva señal informativa de “Campos del Río” bastante más adelante que posee vallas de protección”. Esta concesionaria quiere hacer constar que en el tramo indicado no se ha instalado ningún nuevo cartel tal y como puede comprobarse en los planos de señalización del Proyecto de construcción. De hecho el cartel que se vio afectado en el siniestro sigue sin colocarse actualmente.

SEXTO.- Con fecha 17 de febrero de 2005 se recibe escrito de los reclamantes en el que se mejora la reclamación presentada.
A destacar la declaración de los mismos de haber percibido la cantidad de 1.748,88 euros en concepto de indemnización por el préstamo personal que su hijo tenía suscrito con la entidad bancaria “La Caixa”.
Se adjunta copia del atestado procedente del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.

SÉPTIMO.- Con fecha de 22 de febrero de 2005 se recibe escrito de la Guardia civil en el que se manifiesta que el atestado solicitado fue enviado al juzgado de instrucción número 5.

OCTAVO.- Con fecha 7 de abril de 2005 se reitera informe del Parque de Maquinaria. Este informe se recibe con fecha 6 de mayo de 2005.
En él se declara que el valor venal del vehículo en el momento del accidente es de 2869,00 euros.

A la vista de las fotos que se adjuntan al expediente, correspondientes al estado en que quedó el vehículo tras sufrir el accidente contra una de las vigas en doble T de 140 mm que sustentaban el cartel informativo de la salida de “Campos del Río”, los daños son de tal magnitud que hace inviable su reparación pues su costo sería muy superior al valor venal del vehículo, indicado en el apartado anterior.

Se informa sobre otras cuestiones que son las siguientes: el técnico que suscribe este informe se ha desplazado al lugar en donde estaba la señal indicativa de la salida de Campos del Río en donde al parecer se produjo el accidente y ha observado lo siguiente:

1) La señal indicativa de la salida hacia Campos del Río en donde se produjo el accidente ha sido desmontada y las vigas verticales en doble T de 140 mm que lo sustentaban han sido cortadas por la zona cercana a su empotramiento al suelo mediante soplete oxiacetilénico.

2) Dicha zona aparece limitada a 120 km/h.

3) No existe valla de protección en la zona en donde estaba la mencionada señal indicativa ni señales de que la hubiera habido en su momento cuando ocurrió el accidente.

4) Se ha medido la distancia ente el eje de la viga en doble T que sustentaba el cartel situada más próxima a la carretera y el borde exterior de la línea de separación entre el carril derecho y la zona del arcén y es de aproximadamente 4,10 metros.

5) También se ha medido la distancia entre el eje de la viga mencionada en el párrafo anterior y el borde exterior derecho del arcén en sentido de marcha de los vehículos y es de aproximadamente 1,5 metros.

6) El tramo en donde estaba la señala indicativa aludida es un tramo recto por lo que todo parece indicar que la causa que originó la salida del vehículo de la vía se debió a causas no imputables al estado de la carretera en ese momento.

NOVENO.- Con fecha 10 de mayo de 2005 se solicita del juzgado de instrucción número 5 testimonio integro de las Diligencias instruidas por la Guardia civil de Tráfico número 706/04.

DÉCIMO.- Se recibe con fecha 16 de mayo de 2005 de la Dirección General de Carreteras los planos del trazado de la autovía del Noroeste C-415 en el punto kilométrico 9,8 aportados por AUNOR.
Estos son remitidos a Doña Elisa Cuadros Garrido a la sazón representante de Doña M.C.A..

UNDÉCIMO.- Se reitera solicitud de remisión de testimonio íntegro de las Diligencias instruidas por la Guardia civil al juzgado de instrucción número 5.
Estas se reciben con fecha 21 de marzo de 2006.

DUODÉCIMO.- Con fecha 3 de abril de 2006 se notifica al interesado y a los testigos aportados por el reclamante la práctica de prueba testifical para el día 8 de mayo de 2006.
En esta fecha se practica la prueba testifical.
A las preguntas del órgano instructor, Don J.S.G. (iba en el coche que seguía al accidentado), uno de los testigos, describe los hechos del siguiente modo “al pasar la Venta Alegría hay un repecho y delante de mí circulaba un Megane azul, creo, de pronto se fue a la izquierda hasta que pisó la gravilla, tiró dos o tres valijas blancas y negras de las que hay en la autovía hasta que se salió por el lado derecho, quedó mirando hacia Murcia y paró contra la señalización de la autovía. El coche paró de costado”.
A la pregunta de si la señal informativa contra la que chocaron se encontraba protegida por quitamiedos o bandas protectoras, el testigo declara que no tenía nada”.
A la pregunta de si considera que hubo algún agente externo que hiciera que Ismael perdiera el control del vehículo se responde que “no puede contestar. Se fue progresivamente a la izquierda pero no se cruzó nada”.
El testigo Don Alberto López Yepes (iba de copiloto) realiza una similar descripción de lo ocurrido.

DECIMOTERCERO.- Con fecha de 18 de mayo de 2006 se presenta como prueba por el reclamante informe topográfico realizado por técnico competente.

DECIMOCUARTO.- Con fecha 22 de mayo de 2006 (notificado con fecha 25 de mayo de 2006) de conformidad con el art. 11 del RD 429/1993 por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, se procede a la apertura del trámite de audiencia.
Con fecha de 23 de mayo de 2006 se presenta por la representante de los reclamantes alegaciones por las que se ratifica en lo ya manifestado en su escrito de reclamación y en las que presenta dos declaraciones manuscritas justificativas de que la noche anterior Don Ismael pernoctó en casa.
Con fecha de 2 de junio de 2006 se presentan alegaciones por la reclamante. Se ratifica en lo ya manifestado.

DECIMOQUINTO.- Con fecha de 2 de noviembre de 2006 se emite dictamen por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en el que se dispone que la Consejería realice nueva actividad instructora consistente en la aclaración de las contradicciones técnicas existentes entre los informes de las partes implicadas.

DECIMOSEXTO.- Con fecha de 16 de enero de 2007 se emite nuevo informe por la Dirección General de Carreteras, confirmando que el estado de la vía era conforme con la normativa. A consecuencia de lo anterior se da nuevo trámite de audiencia a los interesados el 18 de enero de 2007. Se presentan nuevas alegaciones ratificando lo afirmado anteriormente.

DECIMOSÉPTIMO.- Con fecha de 8 de noviembre de 2007 se emite nuevo informe a petición de la instructora por parte de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Consejería de Obras Públicas, en el que se afirma que a la luz de la normativa en la materia, el cartel “debería haber estado protegido por una barrera de seguridad metálica BM*NA2/100. A consecuencia de esto se da audiencia de nuevo a los reclamantes y a la concesionaria AUNOR el 26 de noviembre de 2007 y el 14 de diciembre de 2007 respectivamente.

DECIMOCTAVO.- Con fecha 22 de enero de 2008 se dicta nueva propuesta de orden estimatoria parcial por el órgano instructor en la cantidad de 157.518,89 euros.

DECIMONOVENO.- Con fecha 23 de enero de 2008 se solícita Dictamen por el Consejo jurídico que se recibe con fecha 26 de mayo de 2008. En éste se manifiesta que el expediente carece de la fiscalización previa necesaria.

VIGÉSIMO.- Con fecha 1 de julio de 2008 se solícita la fiscalización del expediente por la Intervención General de la CARM.

VIGÉSIMOPRIMERO.- Con fecha 15 de octubre de 2008 se recibe informe de la Intervención General en el que se manifiesta lo siguiente:
“...en este caso se daría una concurrencia de responsabilidades, la del conductor del vehículo accidentado, responsable de la producción del accidente, y la de la Administración Regional, titular de la carretera en la que tuvo lugar el accidente y responsable de su mantenimiento, conservación y de la colocación de la señal contra la que colisionó el vehículo, por lo que habría que ponderar dichas responsabilidades para determinar la cuantía de la indemnización final a abonar a los reclamantes. A estos efectos conviene recordar que cuando se aprecia concurrencia de causas el Consejo Jurídico ha establecido en su dictamen número 89/2000 que la participación de la Administración en dicha indemnización sea de un 50%.

Por lo que respecta a la cuantía de la indemnización los reclamantes solicitan de acuerdo con la Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal a aplicar durante dicho ejercicio a los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, ser resarcidos en las siguientes cantidades:

- Indemnización básica por muerte 82.754,87 euros
- Factores de corrección: perjuicios económicos por ingresos netos anuales de la víctima (hasta 22569,508 euros) aumento hasta el 10% = 8275,48 euros) discapacidad física anterior al accidente acusada del beneficiario... aumento del porcentaje de un 75% (según la citada Resolución el porcentaje oscila del 50 al 75%) si es hijo mayor con menos de 25 años, 68273,055 euros.
* Total daños morales, 171303,77 euros.

Sobre la petición de indemnización anterior es preciso hacer una serie de consideraciones:
- Para determinar su cuantía se ha recurrido a la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones antes citada y vigente durante todo el ejercicio de 2004 que es la aplicable al presente caso.
- Pero no lo es tanto el resultado de su aplicación:
- Se ha tomado un porcentaje equivocado a la hora de valorar la discapacidad de los beneficiarios. Los reclamantes han aplicado un porcentaje del 75% correspondiente al factor de corrección por discapacidad física o psíquica del perjudicado-beneficiario cuando éste es hijo mayor con menos de 25 años, pero resulta que los perjudicados-beneficiarios no son hijos de la víctima sino padres y hermanos de manera que el porcentaje a aplicar debe ser del 25 al 50% sobre la cantidad de 91030,35 euros resultante de sumar 82754,87 más 8275,48 euros de manera que la cuantía por este apartado aplicando el porcentaje máximo esto del 50% alcanzaría la cantidad de 45515,17 euros. Por tanto la indemnización total por daños morales sería de 136545,52 euros (82754,87+8275,48+45515,17) cantidad de la que habría de deducirse los 1784,88 euros ya percibidos de la entidad financiera.

Por ello la indemnización total por daños morales debe ser de 134760,64 euros.

- En cuanto a los daños materiales del vehículo accidentado, los reclamantes solicitan una indemnización de 12000,00 euros, presentando como documento justificativo de dicha petición un presupuesto elaborado por un taller de reparación de vehículos por importe de 9595,28 euros.
Por su parte el informe del Jefe del Parque de Maquinaria emitido en fecha 6 de mayo do 2005 señala que el valor venal del vehículo en la fecha del accidente es de 2869,00 euros añadiendo que tras sufrir el accidente “los daños son de tal magnitud que hace inviable su reparación pues su costo sería muy superior al valor venal del vehículo”.
El valor de indemnización sería el que se señala en el informe del Jefe del Parque de Maquinaria de la Dirección General de Carreteras, el valor venal del vehículo en la fecha del accidente ya que cualquier otra valoración superior supondría un enriquecimiento injusto.

Así pues el importe de la indemnización por daños correspondientes al accidente sería la siguiente:
- Por daños morales------------- 134.760,64 euros.
- Por daños materiales------------- 2.869,00 euros.
* Total 137.629,64 euros.
• Como hay concurrencia de causas y se estima que al 50% 68.814,82 euros
- Que deberá abonar la empresa concesionaria AUNOR (Autovía del Noroeste Concesionaria de la CARM SA).

VIGÉSIMOSEGUNDO.- Con fecha 12 de febrero de 2009 se solicita informe de la  Intervención General.
Con fecha 23 de febrero de 2009 se emite con carácter favorable.

VIGÉSIMOTERCERO.- Con fecha 4 de marzo de 2009 se solicita Dictamen del Consejo jurídico.
Con fecha 5 de mayo de 2009 se emite con carácter desfavorable por razón de la cuantía.

VIGÉSIMOCUARTO.- Con fecha 16 de junio de 2009 se dicte Propuesta de Orden estimatoria parcial.
A los anteriores Antecedentes de Hecho le son aplicables los siguientes:


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERA.- El artículo 9.3 y 106.2 de la Constitución Española consagran con el máximo rango normativo el instituto de la responsabilidad de los Poderes Públicos y de las Administraciones Públicas respectivamente.
Asimismo la normativa aplicable viene constituida fundamentalmente por:

1.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

2.- Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo.

SEGUNDA- Prescripción del derecho a reclamar, legitimación del reclamante y competencia.

El artículo 142.5 de la Ley 30/1992, fija el plazo de un año, como plazo de prescripción del derecho a reclamar, contado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o, en su caso se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas Este artículo legal tiene su correlato reglamentario en el artículo 42 “in fine” del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el cual se pronuncia en términos similares a los de la Ley.

Dado que los hechos sucedieron, según manifiesta el interesado en su reclamación el día 29 de mayo de 2004 y la reclamación tiene fecha de entrada de 19 de noviembre de 2004 puede afirmarse que la reclamación de responsabilidad patrimonial se halla dentro del plazo anteriormente descrito.

La reclamación ha sido planteada por persona legitimada de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, dado que:

1) Los reclamantes iniciales: Don S.O.G. y Doña M.C.A.F., acreditan su condición de tales y por ende su legitimación presentando fotocopia compulsada del libro de familia.

2) Con la muerte del padre (22/03/05) continúa en el ejercicio de la acción su mujer (Doña M.C.A.F.) que otorga su representación a la letrada Doña Elisa Cuadros Garrido mediante fotocopia compulsada de la escritura de otorgamiento de poder.

3) La muerte del padre en accidente de tráfico también legitima a sus hijos para ejercitar la acción: Don O.M. y Don R.F.O.A. que otorgan representación a favor de Doña Elisa Cuadros Garrido el 24/11/2005.

Acreditan su condición de legitimarios mediante fotocopia compulsada de la escritura de herederos “ab intestato” (otorgada el 13/10/2005).

Por otra parte, respecto a la competencia, hay que tener en cuenta que con fecha 16 de febrero de 2005 se recibe informe del Jefe de explotación de la empresa concesionaria de la Autovía del Noroeste-Mula (C-415) que manifiesta expresamente que esta vía pertenece a la Red de Carreteras de la Región de Murcia, siendo por tanto de titularidad autonómica

En virtud de lo anterior, el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes es árgano competente para conocer de la reclamación efectuada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, y 3 del R. D. 429/1993.

TERCERA.- En cuanto al fondo del asunto planteado, el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común establece:

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados, por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño habrá de ser efectivo, evaluable económicamente, e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

Respecto a los requisitos exigidos por jurisprudencia reiterada, acerca de la exigencia de responsabilidad a la Administración (SS. de 2 de febrero de 1980; 15 y 18 de diciembre de 1986, 19 de enero de 1987 y 15 de julio de 1988) son los que, a continuación se citan: primero, la efectiva realidad de un daño material, individualizado y económicamente valuable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación de causa-efecto, cualquiera que sea su origen ( reglamento, acto administrativo legal o ilegal, simple actuación material u omisión); tercero, no existencia de causa de exoneración y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fi/a la ley.

En el presente caso, a juicio de este Servicio Jurídico, y de cara al análisis si se dan o no las circunstancias determinantes de la responsabilidad patrimonial, han de apreciarse las siguientes cuestiones:

1.-Imputabilidad a la Administración.

La jurisprudencia sigue la tendencia de responsabilizar a aquella Administración a la que realmente se le imputa el daño. (SS. de 17 de febrero de 1994) 1161) y 7 de mayo de 1990 (Art.4376).

En el presente caso habida cuenta que nos hallamos ante un bien demanial, es preciso hacer hincapié en la función que le corresponde a la Administración ante la utilización de los mismos por parte de los particulares y de que ello se desarrolle con seguridad.

La administración regional, en su condición de titular de la carretera, debe mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, según reza el artículo 57 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por R. D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

2.- La antijuridicidad del perjuicio.

El artículo 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJAP) dispone:

“Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

En este sentido no existe obligación legal alguna de soportar el daño causado por parte del interesado, ya que, según la normativa anteriormente referida en el apartado anterior, incumbe a la Administración el deber de mantener las carreteras de su titularidad abiertas a la circulación en condiciones tales que la seguridad de quienes las utilicen quede normalmente garantizada. No obstante lo anterior, ello debe matizarse con lo que se expondrá en el apartado referido a la relación de causalidad, en el sentido de que el particular debe soportar aquellos perjuicios de los que el mismo es causante o cuya culpabilidad intervenga en el resultado lesivo.

3.- La producción de un daño, lesión o perjuicio.

En el escrito de reclamación se reclaman los siguientes daños:
- 15.3O3,77 EUROS por la muerte del hijo. Según la ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, resolución 2.004 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Desglosados en:

     o 82.754,87 euros por la convivencia con la víctima.
     o 8.275,87 euros, por perjuicios económicos (ingresos netos anuales de la víctima).
     o 68.273,055 euros, por discapacidad física anterior al accidente acusada del beneficiario.

- 12.000 EUROS por daños materiales al vehículo. Se adjunta original del presupuesto de CRISANJU servicio de grúa, chapa y pintura de fecha 14/02/05 por 9.595,28 euros.

Los reclamantes ya han percibido la cantidad de 1.784,88 euros de indemnización por el préstamo de la Caixa. Este concepto de pago entendemos que no debe introducirse aquí en la medida en que esa cuantía debe ser aplicada al préstamo pendiente.

En el informe del Parque de maquinaria se manifiesta que a la vista de las fotos que se adjuntan al expediente, correspondientes al estado en que quedó el vehículo tras sufrir el accidente contra una de las vigas en doble T de 140 mm que sustentaban el cartel informativo de la salida de “Campos del Río”, los daños son de tal magnitud que hace inviable su reparación pues su costo sería muy superior al valor venal del vehículo.

Este órgano instructor considera que, por las pruebas aportadas, los daños alegados están directamente vinculados al accidente producido (fotografías, atestado, actuación judicial, etc). Otra cuestión es la relativa a si su cuantía es la ajustada a la que en derecho debe reclamarse, cuestión ésa que será analizada al final de la presente resolución de concurrir todos los requisitos necesarios para considerar responsable a la Administración regional del hecho que se reclama.

4. Relación de causalidad entre el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y la lesión producida.

El núcleo de la cuestión que suscita el presente expediente es la existencia o no de nexo causal entre la prestación del servicio público de carreteras y el resultado dañoso, dado que, artículo 139.1 de la Ley 30/1 992, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Se configura así una responsabilidad patrimonial de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos debe ser en principio indemnizada.

No obstante, el Tribunal Supremo viene declarando de forma constante (por todas, Sentencia de 5 de junio de 1998) que no es acorde con el citado principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, de manera que para que exista tal responsabilidad es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso sufrido, sin que la responsabilidad objetiva de la Administración pueda extenderse a cubrir cualquier evento. Ello, en definitiva, supone que la prestación por la Administración de un determinado servicio público, y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación, no implica que dicha Administración se convierta en aseguradora universal de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, ya que de lo contrario el actual sistema de responsabilidad objetiva se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento.

En el presente caso, a lo largo de la instrucción se ha probado la actuación no diligente de la Administración, específicamente de la concesionaria, que no adoptó las medidas preventivas conducentes a evitar posibles daños, exigidas por la normativa, y también se ha probado la actuación ilícita del reclamante que ejecutó maniobras incorrectas que le hicieron salir de la vía. La afirmación anterior se sustenta en los datos obtenidos de la instrucción realizada. Así:

1) En el informe de la Dirección General de Carreteras se manifestaba:

o El accidente se produjo del siguiente modo: en una primera fase el vehículo se salió por la margen izquierda de la vía e invadió parte de la mediana. Al percatarse el conductor de esta situación da un giro brusco hacia el lado contrario lo que provoca el descontrol del vehículo, que tras girar sobre si mismo termina impactando lateralmente contra las vigas del cartel.

o Consideramos que el conductor no actuó con la debida precaución y atención requeridas en cualquier tipo de conducción, pues en el origen del accidente no    concurren factores externos-otro vehículo, condiciones meteorológicas, estado de la calzada, etc sino más bien son consecuencia de la acción del propio conductor.

o Entendemos que no existe relación de causalidad entre el servicio público que presta esta empresa concesionaria y el siniestro en cuestión, siendo la conducta del conductor la que interviene de modo decisivo en la producción del mismo.

o La colocación de la señalización vertical de la autovía al igual que el resto de vías, se rige por lo prescrito en la Norma 8.1-IC de Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden de 28 de diciembre de 1999. En el apartado 3.3.1 de dicha norma, referente a la posición transversal de los carteles en una autovía se dice “las señales y carteles laterales se colocarán de forma que su borde más próximo diste al menos 3 m. Del borde exterior de la calzada y 0,7 m del borde exterior del arcén”.

o Medidas in situ las distancias del cartel en cuestión se obtienen los siguientes datos:
     - Distancia del poste más cercano al borde de la calzada exterior: 4,2 m.
     - Distancia del mismo poste al borde exterior del arcén: 1,7 m.

o Por lo que se demuestra que dichas distancias cumplen sobradamente la norma anterior.

o La disposición de la barrera metálica de protección (bionda) se incluye en el apartado de señalización y balizamiento del Proyecto de Construcción de la Autovía del Noroeste, aprobado por la Dirección General de Carreteras y supervisado por la misma hasta su puesta en servicio.

o Al igual que la señalización vertical, la colocación de barrera blonda se rige por lo prescrito en la Orden Circular 312/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. En dicha norma se establece la necesidad de colocar este tipo de protección ante la existencia de obstáculos, árboles o postes dé más de 15 cm de diámetro. Los postes que sirven de sujeción al cartel eran de 14 cm cumpliendo así con dicha norma, por lo cual no existía la obligación de chocar dicha protección.

o Según lo anteriormente expuesto no debe imputarse a la Administración ni al servicio de Conservación y Explotación realizado por esta empresa Concesionaria, responsabilidad alguna por la reclamación efectuada.

o Como ya se ha indicado anteriormente y al igual que el resto de la autovía el tramo en el que se produjo el siniestro se haya señalizado y balizado según la normativa vigente.

o Al no ser materia de su competencia esta concesionaria no puede emitir ninguna valoración de los daños materiales alegados por el reclamante.

o En el escrito del reclamante, se indica que” en los días siguientes al accidente se volvió a colocar una nueva señal informativa de “Campos del Rio” bastante más adelante que posee vallas de protección”. Esta concesionaria quiere hacer constar que en el tramo indicado no se ha instalado ningún nuevo cartel tal y como puede comprobarse en los planos de señalización del Proyecto de construcción, De hecho el cartel que se vio afectado en el siniestro sigue sin colocarse actualmente.

2) En el Informe del Parque de Maquinaria lo siguiente:

o La señal indicativa de la salida hacia Campos del Río en donde se produjo el accidente ha sido desmontada y las vigas verticales en doble T de 140 mm que lo sustentaban han sido cortadas por la zona cercana a su empotramiento al suelo mediante soplete oxiacetilénico.

o Dicha zona aparece limitada a 120 km/h.

o No existe valla de protección en la zona en donde estaba la mencionada señal indicativa ni señales de que la hubiera habido en su momento cuando ocurrió el accidente.

o Se ha medido la distancia ente el eje de la viga en doble T que sustentaba el cartel situada más próxima a la carretera y el borde exterior de a línea de separación entre el carril derecho y la zona del arcén y es de aproximadamente 4,10 metros.

o También se ha medido la distancia entre el eje de la viga mencionada en el párrafo anterior y el borde exterior derecho del arcén en sentido de marcha de los vehículos y es de aproximadamente 1 ,5 metros.

o El tramo en donde estaba la señala indicativa aludida es un tramo recto por lo que todo parece indicar que la causa que originó la salida del vehículo de la vía se debió a causas no imputables al estado de la carretera en ese momento.

3) En las contestaciones de los testigos leemos las siguientes afirmaciones:

A las preguntas del órgano instructor, Don J.S.G (iba en el coche que seguía al accidentado), uno de los testigos, describe los hechos del siguiente modo “al pasar la Venta Alegría hay un repecho y delante de mí circulaba un Megane azul, creo, de pronto se fue a la izquierda hasta que pisó la gravilla, tiró dos o tres valijas blancas y negras de las que hay en la autovía hasta que se salió por el lado derecho, quedó mirando hacia Murcia y paró contra la señalización de la autovía. El coche paró de costado”.

Sin embargo disponemos de otro informe posterior de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes que dice textualmente:

Para el técnico que suscribe el presente informe, no cabe duda de que las prescripciones de la Orden Circular 321/95 T y P (Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos), constituyen una referencia indiscutible, para fijar los estándares de seguridad en materia de contención de vehículos y pudiendo ser consideradas como referencia en relación con las normas de seguridad sobre la materia, dada su aceptación por todas las partes implicadas y el consenso unánime de los técnicos que trabajan en esta materia...el elemento contra el que chocó el coche accidentado, se trata de una viga de un cartel de señalización de los recogidos en la norma 8.1. - IC “Señalización Vertical”. En su artículo 2.1.2., la mencionada norma, concreta lo que entendemos por Carteles, y en su artículo 3.6, según el tenor 8.1 - IC, se dice;

“Se instalarán sistemas de contención de vehículos protegiendo los soportes de carteles de preseñalización, pórticos y banderolas, conforme a la normativa específica.”

Por lo tanto estamos ante un claro caso, clasificado como Accidente Normal y según la Tabla 2 del art. 3.2.1, por el hecho de estar a menos de 6 metros el mencionado elemento, debería haber estado protegido por una barrera de seguridad metálica BM* NA2/1OO”.

De estas consideraciones se deduce lo que ya afirmábamos al comienzo. De un lado el incumplimiento por la concesionaria (ya que el Proyecto de Construcción de la Autovía fue elaborado por ella misma y en él figura el balizamiento)de la normativa vigente, que aún no siendo obligatoria, fija los estándares de seguridad vial y de hecho es la que determina la forma de actuar administrativa en la materia y de otro lado el que el accidente se debió a una pérdida de control del vehículo derivada de causas propias del sujeto, o del vehículo, y posterior impacto contra la señal de tráfico. De no haberse producido esta pérdida de control del vehículo no se hubiera producido el accidente. El impacto contra la señal de tráfico deriva de la pérdida de control del vehículo, sin embargo no podemos perder de vista la inadecuación de la calzada en el sentido de que el cartel debería tener protección.

El Tribunal Supremo exige que la relación causal entre el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y el daño producido sea directa y exclusiva y en el caso que nos ocupa no lo es del todo pues:

- Por lo que respecta al primer aspecto, esto es, necesidad de una relación causa-efecto DIRECTA entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, es cierto que la administración regional, en su condición de titular de la carretera, debe mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, según reza el artículo 57 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por R. D. Legislativo 339/1 990, de 2 de marzo.

- Esta circunstancia nos lleva a examinar el segundo aspecto del nexo causal, esto es, la EXCLUSIVIDAD, del mismo. La conducta del perjudicado, sea ilícita, inadecuada o meramente negligente, exonera de responsabilidad a la Administración. Es decir, si la intervención del perjudicado es tan intensa que el daño no se hubiera producido sin ella, es obvio que no puede imponerse a la Administración el resarcimiento de una lesión económica cuya causa eficiente es imputable al propio dañado. Por lo tanto estimamos que no es de justicia imponer a la Administración una indemnización en su totalidad de un daño que ha contribuido a nuestro juicio a causar el perjudicado.

De las actuaciones obrantes en el expediente se desprende que la causa del accidente es la conducta ilícita del reclamante.

Sólo la falta de diligencia en la conducción puede razonablemente explicar el origen del siniestro ocurrido de tal suerte que cuando la intervención culposa del perjudicado es de tal intensidad que el daño no se hubiese producido sin ella, es obvio que no puede imponerse a la Administración el resarcimiento de una lesión económica cuya causa eficiente es imputable al propio dañado.

En el presente caso ha quedado demostrada la existencia de un funcionamiento anormal del Servicio Público de mantenimiento de las vías competencia de la Comunidad Autónoma y también un comportamiento inadecuado del perjudicado que no respetó las normas generales que rigen la circulación y en consecuencia, actuó en contra de la normativa de tráfico y seguridad vial y en contra de la actitud prudente que debe presidir la utilización de cualquier vehículo a motor. Se desvió indebidamente hacia e) lado izquierdo de la vía (por la razón que sea, se durmió, se despistó, etc.) y cuando quiso enderezar la marcha lo hizo de tal modo que vino a impactar con la señal de tráfico sita en el lado derecho de la vía.

Esta actuación indebida del conductor determina la concurrencia de causas que conforme a dictamen del Consejo jurídico número 89/2000 se estima en un 50% y de conformidad con el criterio de la Intervención General de la CARM.

La concurrencia de causas determina que ha lugar a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Regional (sin perjuicio de su abono por la Empresa Concesionaria Aunor).

Una vez determinada esta Responsabilidad procedemos a la valoración del daño conforme a la liquidación realizada por la Intervención General conforme al siguiente orden:
     1) La concurrencia de causas.
     2) Los daños morales.
     3) Los daños materiales.
     4) La indemnización total.
     5) Su abono por la empresa Concesionaria AUNOR.

- La concurrencia de causas:
“…en este caso se daría una concurrencia de responsabilidades, la del conductor del vehículo accidentado, responsable de la producción del accidente, y la de la Administración Regional, titular de la carretera en la que tuvo lugar el accidente y responsable de su mantenimiento, conservación y de la colocación de la señal contra la que colisionó el vehículo, por lo que habría que ponderar dichas responsabilidades para determinar la cuantía de la indemnización final a abonar a los reclamantes. A estos efectos conviene recordar que cuando se aprecia concurrencia de causas el Consejo Jurídico ha establecido en su dictamen número 89/2000 que la participación de la Administración en dicha indemnización sea de un 50%.

- Los daños morales:
Por lo que respecta a la cuantía de la indemnización los reclamantes solicitan de acuerdo con la Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal a aplicar durante dicho ejercicio a los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, ser resarcidos en las siguientes cantidades:

- Indemnización básica por muerte, 82.754,87 euros.
- Factores de corrección: perjuicios económicos por ingresos netos anuales de la víctima (hasta 22569,508 euros) aumento hasta el 10% = 8275,48 euros) discapacidad física anterior al accidente acusada del beneficiario. Aumento del porcentaje de un 75% (según la citada Resolución el porcentaje oscila del 50 al 75%) si es hijo mayor con menos de 25 años, 68273,055 euros.
Total daños morales, 171.303,77 euros.

Sobre la petición de indemnización anterior es preciso hacer una serie de consideraciones:
- Para determinar su cuantía se ha recurrido a la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones antes citada y vigente durante todo el ejercicio de 2004 que es la aplicable al presente caso.

- Pero no lo es tanto el resultado de su aplicación:

- Se ha tomado un porcentaje equivocado a la hora de valorar la discapacidad de los beneficiarios. Los reclamantes han aplicado un porcentaje del 75% correspondiente al factor de corrección por discapacidad física o psíquica del perjudicado-beneficiario cuando éste es hijo mayor con menos de 25 años, pero resulta que los perjudicados-beneficiarios no son hijos de la víctima sino padres y hermanos de manera que el porcentaje a aplicar debe ser del 25 al 50% sobre la cantidad de 91030,35 euros resultante de sumar 82754,87 más 8275,48 euros de manera que la cuantía por este apartado aplicando el porcentaje máximo esto es del 50% alcanzaría la cantidad de 45.515,17 euros. Por tanto la indemnización total por daños morales seria de 136545,52 euros (82.754,87+8.275,48+45.515,17) cantidad de la que habría de deducirse los 1784,88 euros ya percibidos de la entidad financiera.

Por ello la indemnización total por daños morales debe ser de 134.760,64 euros.

- Los daños materiales:
En cuanto a los daños materiales del vehículo accidentado, los reclamantes solicitan una indemnización de 12000,00 euros, presentando como documento justificativo de dicha petición un presupuesto elaborado por un taller de reparación de vehículos por importe de 9595,28 euros.

Por su parte el informe del Jefe del Parque de Maquinaria emitido en fecha 6 de mayo de 2005 señala que el valor venal del vehículo en la fecha del accidente es de 2869,00 euros añadiendo que tras sufrir el accidente “los daños son de tal magnitud que hace inviable su reparación pues su costo sería muy superior al valor venal del vehículo”

El valor de indemnización sería el que se señala en el informe del Jefe del Parque de Maquinaria de la Dirección General de Carreteras, el valor venal del vehículo en la fecha del accidente ya que cualquier otra valoración superior supondría un enriquecimiento injusto.

Así pues el importe de la indemnización por daños correspondientes al accidente sería la siguiente:

     - Por daños morales 134.760,64 euros.
     - Por daños materiales 2.869,00 euros.

         o Total ........... 137.629,64 euros
         • Como hay concurrencia de causas y se estima que al 50%, 68.814,82 €.

CUARTA.-De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial: “Antes de redactarse la propuesta de resolución habrá de ponerse d manifiesto el expediente a los interesados”, concediéndoles un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, para formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes, trámite otorgado el 19 de mayo de 2006. En este trámite el reclamante se ratifica en lo alegado en su escrito inicial.


QUINTA.- El expediente fue remitido con carácter previo a la resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al Consejo Jurídico, para que emita el dictamen preceptivo de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 12 del Real Decreto 429/11993, de 20 de mayo, a fin de que se pronuncie acerca de la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, vista la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, y las normas de general aplicación y oído el Consejo jurídico.


DISPONGO

PRIMERO.- ESTIMAR parcialmente la reclamación formulada por Doña M.C.A.F., Don O.M.O.A. y Don R.O.A. representados por la letrada Doña Elisa Cuadros Garrido, en 68.814,82 euros (cantidad obtenida restando a la indemnización solicitada por muerte los 1 .784,88 euros percibidos de La Caixa por la muerte de su hijo y aplicarles un 50% de reducción por concurso de causas) al constar concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, concretamente la relación de causalidad ente el hecho acaecido, con su efecto lesivo, y el funcionamiento del servicio público de carreteras. Tal cantidad deberá ser satisfecha por la concesionaria de la CARM Autovía del Noroeste, al resultar los perjuicios irrogados a los reclamantes consecuencia de sus acciones y estar obligada a indemnizar los daños que cause con sus acciones a terceros en el marco de su relación contractual con la administración autonómica.

SEGUNDO.- Notificar la resolución al interesado, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de R. J. A. P y de Procedimiento Administrativos Común, comunicándole que contra la misma, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición con carácter potestativo, ante este mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, dentro del plazo de los dos meses siguientes a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, sin perjuicio de cualquier otro recurso que conforme a la legislación resulte procedente.