ORDEN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

MINISTERIO DEL
INTERIOR

ORDEN 

Visto el Expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado nº 92/07 instruido a instancias de D. ANTONIO CUADROS CASTAÑO en nombre y representación de Dª. O. M. S., en solicitud de indemnización.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 23 de julio de 2007 tuvo entrada en un registro oficial un escrito, en nombre y representación de D. O. M. S., formulaba reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. Exponía que su representación había sufrido usurpación de su persona por el mal funcionamiento de la Oficina de expedición del documento nacional de identidad sita en la calle Isaac Albéniz de Murcia, pues allí había entregado al renovarlo su antiguo documento caducado y un resguardo de renovación, pero que ambos habían sido sustraídos por un descuido en su custodia. Exponía que en agosto de 2003 había tenido noticia en su oficina de Mazarrón de la Caja de Ahorros que se había abierto otra cuenta en otra oficina de la entidad, en Murcia, cosa que ella había negado, y que por este motivo desde su oficina se habían reclamado los documentos a la otra, tras lo que se habían recibido su documento nacional de identidad caducado y su resguardo de renovación. Relataba que había denunciado los hechos en el puesto de la Guardia Civil de Mazarrón y que se habían tramitado unas diligencias previas en un Juzgado de Instrucción de Murcia, que aún continuaban abiertas. Afirmaba que desde entonces había comenzado a recibir cartas de reclamación de deudas impagadas por compras que no había realizado, como vehículos, que aparecía en los registros de deudores y que había sido demandada en un juicio monitorio. Aseveraba que cada poco tiempo le llegaba alguna carta de reclamación y que no podía adquirir nada a su nombre porque era embargado, de modo que había tenido que abandonar su domicilio y pasar a residir en la Academia General del Aire, donde trabajaba, para evitar continuas visitas y llamadas por teléfono. Indicaba que incluso en una cuenta bancaria abierta a nombre de su hija de dos años se había cobrado un recibo de Préstamos. Aseveraba que todo ello le había causado un grave perjuicio económico y moral, pues había tenido que alquilar una habitación en la Base Militar, había perdido días de su trabajo en desplazamientos a Comisarías de Policía y a empresas que le reclamaban dinero y le había privado de cualquier tipo de financiación, además de la angustia padecida. Consideraba que todo podía haber sido evitado si no se hubiesen sustraído los documentos en la Oficina de expedición del documento nacional de identidad. Reclamaba una indemnización de 180.000 euros, que descomponía en 667 por los importes satisfechos por residir en la Academia General del Aire entre 2003 y 2006, 953,33 euros como gastos de defensa jurídica, 10.000 euros como posibles gastos en el proceso penal en curso, y 169.046,67 euros como daños morales, que consistían en la inclusión en registros de morosos, la imposibilidad de obtener financiación, tarjetas de crédito o cuentas bancarias a su nombre (indicaba que su nómina se le ingresaba en la cuenta de un familiar para que no fuese embargada) y las reclamaciones por compras diversas hechas a su nombre, como vehículos y telefonía móvil.

     Adjuntaba una copia de diversos documentos, entre los que destacan los siguientes:

a) Denuncia formulada por D.’ O. M. S. el 29 de agosto de 2003 ante el Puesto de Mazarrón de la Guardia Civil, en la que detallaba que había devuelto los recibos al cobro de Financiera El, Banque Financiera, Préstamos y  Servicios.

b) Diligencias instruidas por la Jefatura Superior de Policía de Murcia, ampliatorias de las del Puesto de Mazarrón de la Guardia Civil, en las que se hacía constar qué se habían expedido dos tarjetas del documento nacional de identidad número 00000000, una con la fotografía, firma y huella de su verdadera titular, O M S, y otra con la fotografía, firma y huella dactilar de otra persona. La diligencia de informe era de este tenor:

“La denunciante en fecha tres de enero de 2003 acude a la Oficina del DNI de esta capital al objeto de renovar su documento, fecha en la que por esa Oficina le es entregado un resguardo del trámite realizado. Por razones de incompatibilidad de horario por su profesión, en el mes de mayo de 2003, vuelve a personarse en la Oficina del D.N.I recogiendo el documento renovado y haciendo entrega del caducado en esas dependencias. Persona distinta a su auténtico titular, cuya fotografía y huella aparecen en la tarjeta del D.N.I n° 00 del lote 00/03, se hace con el documento caducado, sustrayéndolo de alguna forma de la citada Oficina del D.N.I. Provista del documento caducado, realza una apertura de cuenta, sin saldo, en la sucursal de la C sita en Murcia en los bajos del edificio San Mateo, asociando a dicha cuenta tarjeta en los servicios financieros de El Corte y realizando diversas operaciones financieras fraudulentas. Usurpando el estado civil de la denunciante, la autora de estos hechos se persona el día 23-07-03 en la Oficina del D.N.I. de esta capital y denunciando pérdida/sustracción del documento del que se apoderó (según se deduce de la tarjeta de D.N.I, al aplicar la tasa 3), consiguiendo que le sea tramitado un nuevo documento con los datos de filiación correspondientes a su verdadero titular, al que ha adjuntado fotografía e impresión de huella dactilar de la autora de los hechos, obteniendo de esta forma el resguardo correspondiente”.

c) Denuncia presentada el 9 de diciembre de 2003 por D. O M S contra la Policía Nacional y contra los responsables de la entrega de su documento nacional de identidad antiguo a otra persona, que había hecho uso de él.

d) Tres cartas de “Servicio de Información sobre Solvencia y Crédito”, de fechas 29 de noviembre de 2003, 14 de enero de 2006 y 20 de enero de 2007, en los que se comunicaba a D. O M S su inclusión en el fichero a instancia de Banque por una deuda de 757,38 euros y a instancia de Banco S.A por dos deudas, una de 7.101,23 euros y otra de 14.300,77 euros.

e) Dos cartas de Ex, de fechas 8 de diciembre de 2003 y 16 de enero de 2006, que le comunicaban su inclusión en un fichero de incumplimiento de obligaciones por dos de las deudas anteriores.

Dos cartas de reclamación extrajudicial de deudas, una de 8 de diciembre de 2003 de Corte Inglés y otra de 21 de septiembre de 2006 de un abogado que decía actuar por cuenta de Banco, S. A.

f) Demanda de proceso monitorio presentada el 25 de enero de 2005, en el que T, SA., reclamaba 912,67 euros a D. O M S por facturación no abonada de consumos de telefonía móvil.

g) Auto de terminación del proceso de juicio verbal instado por T, S. A., contra D. O, de fecha 31 de octubre de 2005, por acuerdo entre las partes.

h) Certificado de la Caja en el que se daba fe de que en un cuenta a nombre de una menor de edad, cuya representante era su madre, O M S se había adeudado el 27 de julio de 2006 un recibo de Préstamos por un importe de 244,87 euros, que había sido devuelto por orden de O, que también había ordenado el bloqueo de la cuenta.

i) Certificado de la Caja, que hacía constar que en una cuenta, cuyo titular era C M pero en la que figuraba como autorizada O, se habían adeudado una serie de recibos de la Academia General del Aire a nombre de la segunda, que listaba. Seguían treinta y un apuntes, de periodicidad mensual, entre septiembre de 2003 y marzo de 2006, por cantidades que sumaban 666,10 euros.

j) Tres minutas de honorarios profesionales de abogados, una por importe de 370,27 euros, por un procedimiento monitorio, otra de 185,13 euros, por un juicio verbal derivado del anterior monitorio, y otra de 290 euros por unas diligencias previas.

k) Un minuta de honorarios profesionales de un procurador, por el juicio verbal, por un importe de 107,93 euros.

SEGUNDO.-El Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Murcia emitió un informe en el que indicaba que fruto de las investigaciones seguidas se había podido identificar a la autora de la usurpación. Añadía que se había confirmado que esta persona había hurtado el documento caducado de la Oficina del D.N.I. de Murcia, algo que nunca había ocurrido antes y respecto de lo que no se había apreciado negligencia de los funcionarios que prestaban servicio. Concluía que la denuncia formulada por la interesada contra el Cuerpo Nacional de Policía había sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Totana (Murcia).

TERCERO.-El representante de la reclamante presentó un nuevo escrito el 5 de agosto de 2010 al que adjuntaba la sentencia penal recaída por los hechos el 14 de julio de 2010. Sostenía que se había reservado la acción civil y cuantificaba su pretensión en 82.107,33 euros, resultado de sumar 667 euros de gastos de alquiler de habitación en la Academia General del Aire, 1.453,33 euros por gastos de defensa jurídica y 80.000 euros por otros daños, como la imposibilidad de tener bienes a su nombre, el estar registrada como morosa, el descrédito a su imagen personal por las visitas de la Policía a su domicilio y por los pleitos, la multitud de gestiones y desplazamientos realizados para solucionar su situación y los daños morales, físicos y psíquicos, pues se había vuelto desconfiada e insegura.

     Adjuntaba los siguientes documentos:

a) Sentencia de 14 de julio de 2010 del Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, en la que se mencionaba corno acusación particular a D. O. El fallo condenaba a siete personas a distintas penas, entre otros delitos por estafa y falsedad, así como al pago de responsabilidades civiles, ninguna de éstas a favor de D. O. La sentencia se dictaba por conformidad de las partes y se declaraba firme. En los hechos probados figuraba este texto:

Igualmente, E C, actuando de común acuerdo con M del C I C, también acusada (...), movidos por el ánimo de obtener provecho económico, después de conseguir apoderarse en las dependencias policiales de Murcia, sin que conste el procedimiento, del DNI a nombre de O M S, n. 0000000 (...), y acto seguido, con la alegación de haberlo extraviado, lograr que se le expidiera otro al mismo nombre, pero ya con la fotografía y huella de la propia M del C, sirviéndose del mismo, aquella abrió una cuenta de ahorro, con tarjeta de crédito asociada (...), en la Caja de Ahorros (...). Con este instrumento bancario, el resguardo del DNI y con una nómina falsificada a nombre de la citada O (...), E y M del C se personaron (...) en las dependencias del concesionario de vehículos T G en Murcia, adquiriendo el Peugeot 406, MU-0000-C por el precio de 12000 euros, que se financió a través de Banque (...). Por el mismo procedimiento y ánimo, M y E se personaron el 24 de julio de 2003 en el establecimiento de venta de vehículos propiedad de M, sito en Puente Tocinos (Murcia), donde primero solicitaron la adquisición de un vehículo Hyundai, para sustituirlo posteriormente por el Audi A-3, MU-0000-00, por el precio de 12.07695 euros, obteniendo la financiación de C (...). Igualmente, M del C I, sirviéndose de la citada documentación personal de O , compareció el 1 de agosto de 2003 en el establecimiento comercial P de esta capital, donde adquirió diversos electrodomésticos por el precio total de 2495 euros, que se financiaron a través de H (...). Conjuntamente, E y M del C comparecieron el 5 de agosto de 2003 en el establecimiento de El C en Murcia, donde tras solicitar la tarjeta de crédito del citado comercio, adquirieron dos teléfonos móviles por importe total de 479,75 euros...”.

“O. M. [sic, debe decir M.] ha sufrido diversas reclamaciones, no constando, hasta el presente momento, perjuicio económico concreto alguno”.

b) Dos minutas, una de una procuradora por 128,38 euros y otra de un abogado por 354 euros, en relación con las diligencias previas y procedimiento abreviado finalizado por la sentencia anterior.

CUARTO.-La instructora del procedimiento propuso que se estimase en parte la reclamación y se pagase una indemnización por el daño moral y psicológico.

     Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen preceptivo por razón de la cuantía de la reclamación, según dispone el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, su Comisión Permanente, igualmente, lo emite en sentido parcialmente estimatorio de la pretensión.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I- Se examina una reclamación por la sustracción de un documento nacional de identidad de unas dependencias policiales, con emisión de un nuevo documento, valiéndose de los cuales se cometieron delitos de estafa y falsedad.

II.- El Consejo de Estado coincide con el parecer del órgano instructor y entiende que concurren todos los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, hubo un anormal funcionamiento de los servicios públicos, pues de una forma no esclarecida se sustrajo de una oficina de expedición del documento nacional de identidad el caducado de D. O M S y al parecer también el resguardo provisional utilizado mientras se le expedía el nuevo documento. Un tiempo después la tenedora del documento sustraído alegó que lo había perdido y le fue expedido un nuevo documento nacional de identidad a nombre de D. O M, pero con la fotografía y la huella dactilar de la tenedora. Estos documentos fueron pieza clave en la comisión de los delitos de estafa luego perpetrados, pues valiéndose de ellos se suplantó la personalidad de la hoy reclamante y se adquirieron vehículos y varios bienes muebles.

III.- Tan anormal funcionamiento de la Administración, que primero no impide que le sustraigan de dependencias policiales un documento nacional de identidad y luego expide otro a persona que no es su titular, provocó daños que la interesada no está obligada a soportar y que resultaron de la concurrencia de la actuación de los servicios públicos y de la conducta criminal de los delincuentes condenados por ello. Aunque la principal responsabilidad recae en éstos, no puede negarse que a los perjuicios causados coadyuvó lo sucedido en la oficina expedidora del documento nacional de identidad.

Por los delitos cometidos mediante la suplantación, falsedad y estafa, resultaron condenadas varias personas. En la causa compareció como acusación particular la hoy reclamante, que no logró demostrar daño alguno, pues en los hechos probados así se afirma de modo expreso, ni, en consecuencia, recibió indemnización (punto tercero, letra a, de antecedentes).

IV.- En el expediente de responsabilidad patrimonial, sin embargo, sí han podido acreditarse algunos daños efectivos, evaluables económicamente e individualizados. Como daño patrimonial únicamente los pagos que tuvo que hacer la reclamante a la Academia General del Aire, donde prestaba servicio, por su alojamiento, dado que al parecer tuvo que abandonar su domicilio para eludir a los acreedores. Suman 666,10 euros (punto primero, letra j, de antecedentes). En cambio, no cabe abonar indemnización por los gastos de abogado y procurador de la causa penal, pues su comparecencia como acusación particular no era exigida y el Ministerio Fiscal en caso contrario hubiera podido ejercitar en su interés la acción civil (artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Estos gastos en el proceso monitorio civil que se transformó en juicio verbal, y que terminó por acuerdo entre las partes, tampoco pueden ser satisfechos en esta vía de responsabilidad patrimonial: de haber continuado el litigio habrían integrado las costas susceptibles de imposición a la parte vencida (artículo 241.1 y 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Además, debe satisfacerse una indemnización por los cuatro años en que estuvo cerrada para la interesada cualquier operación de crédito, pues estaba registrada como morosa, en los que incluso la titularidad de una cuenta bancaria suponía el riesgo de adeudos derivados de las estafas cometidas (punto primero letras d, e, f i yj, de antecedentes). También es indudable que el tiempo invertido en denuncias y actuaciones de todo género en organismos públicos y ante los acreedores supusieron un perjuicio. Resulta, sin embargo, muy complicado llegar a una valoración de estos daños, tan diversos entre sí. Desde luego, no pueden ser equiparados a una secuela psíquica, entendiéndose que una cantidad equitativa para los cuatro años, vistas las circunstancias, puede ser la de 800 euros, a razón de 2.000 euros anuales.

En síntesis, se debe considerar que se dan todos los requisitos de la responsabilidad patrimonial por el anormal funcionamiento de la Oficina de expedición del documento nacional de identidad y que debe satisfacerse una indemnización, aunque su cálculo resulte difícil.

     Por todo lo expuesto:

Este Ministerio, de acuerdo con el Consejo de Estado, resuelve ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado formulada por D. ANTONIO CUADROS CASTAÑO en nombre y representación de Dª. O M S, y en consecuencia, indemnizar a la interesada con la cuantía de 8.666, 10 Euros.

              Madrid, a 11 de Abril de 2.011