Tribunal Superior Justicia Murcia Sala Social.
SENTENCIA: 361/2004, rec. 359/2004, S 29-3-2004.
Pte: Rodríguez Gómez, Manuel


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"Primero: El demandante D. José Enrique, con DNI número núm. 000, ha venido prestando sus servicios laborales para la empresa D. H. de L., SL, domiciliada en el Polígono Industrial Oeste de Murcia, dedicada a la distribución de licores, con una antigüedad desde el día 9 de abril de 2001, con la categoría de vendedor y un salario mensual de 140.886 pesetas. No ocupando cargo sindical ni representativo.

Segundo: Desde que el actor ingresó en la empresa acudía a ella en aquéllos días en los que no tenía que viajar, recibiendo instrucciones de D. Agustín (del Departamento de Comercial) y órdenes, y también de Federico personalmente o a través de la secretaría de éste llamada Inmaculada.

Tercero: El Sr. José Enrique no llevaba representaciones de productos ajenos a la empresa. Desde que se inició la relación laboral, con la que no formalizó un contrato escrito, pretendió ser dado de alta en la Seguridad Social y que le fueran abonadas comisiones que al parecer fueron pactadas.

Cuarto: La empresa A. V SL, con domicilio social en la calle Nicaragua, situada también en el mismo Polígono Industrial Oeste de Murcia, presentó ante la Oficina de Empleo del INEM un contrato de trabajo con fecha 2 de julio de 2001 firmado por D. Federico, siendo la causa del mismo “la fabricación y montaje para el pedido realizado por B para prestar sus servicios como montador. Siendo dado de alta el Sr. José Enrique en Seguridad Social el día 2 de julio de 2001.

Quinto: Ante la falta de abono al actor de las cantidades pactadas con la empresa, así como ante la falta de abono de dietas y desatención de la empresa al demandante, éste dejó de trabajar el día 9 de julio de 2001.

Sexto: Con fecha 20 de julio de 2001 la empresa A. V. remitió al actor comunicación telegráfica en la que procedía a la extinción de la relación laboral por faltas injustificadas de asistencia al trabajo desde el día 2 de julio de 2001 al día 20 de julio de 2001.

Séptimo: El día 16 de julio de 2001 el actor presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose el acto de conciliación el día 30 de julio de 2001 con el resultado de sin avenencia, donde compareció el Sr. D. Mauricio por sí y como mandatario verbal de la empresa H de L, SL en donde manifestó hacerse responsable personal y solidario de dicha empresa. Igualmente compareció como mandatario verbal de A V SL quien igualmente manifestó hacerse responsable personal y solidario de la demandada.

Octavo: Las empresa demandadas son dirigidas indistintamente por D. Federico, de manera única y siendo socio también único”; y el fallo fue del tenor literal siguiente:

”Desestimar las excepciones de incompetencia de jurisdicción y caducidad de la acción de despido. Y desestimar igualmente las excepciones de falta de legitimación pasiva alegadas por A V SL, y Mauricio. Y en cuando al fondo del asunto, desestimar la demanda promovida por D. José Enrique en cuanto pretende la extinción de la relación laboral de acuerdo con el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores artículo.50 RDLeg. 1/1995 de 24 marzo 1995, absolviendo de la misma a la totalidad de los demandados. Y estimar la demanda de despido promovida por D. José Enrique, declarando improcedente el despido realizado por las empresas demandadas Distribuciones H de L SL y Abellán V SL realizado el día 20 de julio de 2001 a aquél. Condenando solidariamente a dichas empresas así como a D. Federico y D. Mauricio a que readmitan a aquél en su anterior puesto de trabajo o a que le abonen una indemnización ascendiente a 51.337 pesetas (308,54 euros).

Y en todo caso los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la presente sentencia, a razón de 4.667 pesetas diarias”. Y habiéndose dictado auto de aclaración en fecha 6 de febrero de 2003, el Dispongo del mismo es del tenor literal siguiente:

”Aclarar la sentencia dictada en los presentes autos en el sentido de que no se devengan salarios de tramitación desde el 2-8-01 hasta el 1-8-02”

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el letrado D. Antonio Cuadros Castaño , en representación de la parte demandante, sin impugnación de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El actor D. José Enrique presentó sendas demanda, una sobre despido y otra sobre extinción de contrato de trabajo, contra D. Federico, A V, S.L., D H de L, S.L., D. Agustín, Dª Julia, D. Mauricio y Fondo de Garantía Salarial, solicitando en la primera que se declarase la improcedencia del despido de que había sido objeto, y en la segunda que se declarase extinguida la relación laboral que mantenía con la empresa, condenando en ambos casos solidariamente a los miembros del Consejo de Administración, en su calidad de responsables directos y solidarios de la empresa A V, S.L., al pago de la indemnización correspondiente a tenor del sueldo que recibía tanto en concepto de fijo y comisiones a razón de 45 días por año, y a la readmisión al puesto de trabajo, y, condenando al Fondo de Garantía Salarial, en caso de insolvencia de la empresa y los socios, una vez declarada la insolvencia de éstos; siendo desestimada la segunda de las demandas planteadas, y estimada la primera, previo rechazo de las excepciones de incompetencia de jurisdicción, caducidad de la acción de despido y falta de legitimación pasiva de la empresa Abellán Vending, S.L. y D. Mauricio, por lo que no cabe extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador, y, por otro lado, que existió un despido expreso y escrito, pero improcedente, pues las repetidas ausencias del trabajador se debieron a la no aportación por la empresa de los medios para realizar el trabajo, o, en su caso, a tener en cuenta que las referidas amenazas se debieron a no percibir retribución y comisiones, lo que atenúa la falta cometida por el trabajador, que no es merecedor de una sanción tal grave como el despido.
Frente a dicho pronunciamiento se plantea el presente recurso por la parte actora; basado en la nulidad de actuaciones, al amparo del artículo 191, a) de la Ley de Procedimiento Laboral artículo.191 .a RDLeg. 2/1995 de 7 abril 1995, por infracción de lo previsto en los artículos 9.3 y 24 de la Constitución , artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial artículo.267 LO 6/1985 de 1 julio 1985, artículo 119.1 de la Ley de Procedimiento Laboral artículo.119 .1 RDLeg. 2/1995 de 7 abril 1995 y reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, nulidad referida al Auto de aclaración de 6 de febrero de 2003, en el que se ha producido un cambio fundamental en el fallo

SEGUNDO.- Para decidir el presente recurso de suplicación se hace necesario efectuar un escueto recorrido por los hechos procesales sucedidos en el caso que nos ocupa, en los que se observa que, en los presentes autos, por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, con fecha 10 de enero de 2002, en cuyo fallo se acordaba “desestimar las excepciones de incompetencia de Jurisdicción alegada por la empresa Distribuciones H S.L., y falta de legitimación pasiva con respecto a la empresa A V S.L., Federico y Mauricio . Estimando dicha excepción con respecto a los demandados Agustín y Julia . En cuanto al fondo de las demandas acumuladas, desestimar la demanda promovida por D. José Enrique en cuanto pretende la extinción de la relación laboral con la empresa al amparo del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores artículo.50 RDLeg. 1/1995 de 24 marzo 1995, absolviendo de la misma a las empresas y Sres. Federico y Mauricio demandados. Y estimar la demanda de despido promovida por D. José Enrique,, declarando improcedente el despido realizado por la empresa A V, S.L. con fecha 20-7-2001 a aquél. Condenando solidariamente a las empresas A V, S.L. y Distribuciones H, de L, S.L., así como a D. Federico y a D. Mauricio a que readmitan a aquél en su puesto de trabajo o a que abonen al mismo una indemnización ascendente a 48.690 pesetas(292’63 euros). Y, en todo caso, a los salarios dejados de percibir desde el 20-7-2001 hasta la fecha de notificación de la presente sentencia a razón de 4.328 pesetas diarias”.
Dicha sentencia fue recurrida en suplicación por Distribuciones H de L, S.L., D. Mauricio, A V, S.L. y D. Federico, recurso resuelto por esta Sala en sentencia de 26 de junio de 2002 (núm. 740/2002) STSJ Murcia Sala de lo Social de 26 junio 2002, en la que se acordó “decretar la nulidad de actuaciones desde la Providencia de admisión de ambas demandas, para que el Juzgado a quo otorgue a la parte actora el trámite de subsanación del artículo 81 de la citada Ley Procesal, concretamente para que se indiquen las relaciones existentes entre ambas empresas, nombre de las persona que siendo socio de una de ellas era también administrador de la otra, tiempo que prestó servicios para cada empresa y contratos existentes en la fecha de las reclamaciones; y, una vez cumplimentado, debe seguirse el procedimiento por sus trámites”.
Una vez cumplimentado lo acordado, el procedimiento siguió su tramitación, dictándose nueva sentencia por el Juzgado de instancia en fecha 13 de enero de 2003, en cuyo fallo se decidió “desestimar las excepciones de incompetencia de jurisdicción y caducidad de la acción de despido. Y desestimar igualmente las excepciones de falta de legitimación pasiva alegadas por A V, S.L. y Mauricio. Y en cuanto al fondo del asunto, desestimar la demanda promovida por D. José Enrique en cuanto pretende la extinción de la relación laboral con la empresa al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores artículo.50 RDLeg. 1/1995 de 24 marzo 1995, absolviendo de la misma a la totalidad de los demandados. Y estimar la demanda de despido promovida por D. José Enrique, declarando improcedente el despido realizado por las empresas demandadas D H de L, S.L. y A V, S.L. realizado el día 20 de julio de 2001 a aquél. Condenando solidariamente a dichas empresas, así como a D. Federico y a D. Mauricio a que readmitan a aquél en su anterior puesto de trabajo o a que le abonen al mismo una indemnización ascendente a 51.337 pesetas (308’54 euros).
Y, en todo caso, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la presente sentencia, a razón de 4.667 pesetas diarias”.
Por Auto de 6 de febrero de 2003 se aclaró dicho fallo por el Juzgado de instancia en el sentido de que no se devengan salarios de tramitación desde el 2-8-2001 hasta el 1-8-2002.


TERCERO.- La cuestión suscitada en el presente recurso de suplicación queda circunscrita a si la mencionada aclaración de sentencia supone o no un cambio sustancial del fallo, como se sustenta por la parte recurrente, o simplemente se trata de un error manifiesto, como parece desprenderse del Auto aclaratorio; sin embargo, es lo cierto que la determinación y alcance de los salarios de trámite conlleva, en el caso que nos ocupa, una valoración o calificación de la situación producida en la tramitación del litigio, lo que, si bien es conocido para las partes intervinientes, exige una apreciación sobre su trascendencia a efectos de los salarios mencionados, concretamente se ha de valorar si los defectos, imprecisiones u omisiones de la demanda, que determinaron la nulidad de actuaciones para subsanación, inciden a los referidos efectos, lo que, en principio, fue rechazado por el Juzgado a quo, pero, en virtud del Auto aclaratorio, se llegó a otra conclusión, lo que supone una variación o cambio sustancial del fallo, lo que ataca, por falta de respeto, el principio de invariabilidad, intangibilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes, que se deriva tanto del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 Constitución Española artículo.9 .3 CE de 27 diciembre 1978), como del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 Constitución Española artículo.24 .1 CE de 27 diciembre 1978), derecho que actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad, como tiene declarado el Tribunal Constitucional en sentencia de 14 de julio de 2003 ,STC Sala 1ª de 14 julio 2003, siguiendo las sentencias 138/1985 STC Sala 1ª de 18 octubre 1985, 119/1988 STC Sala 1ª de 20 junio 1988, 231/1991 STC Sala 2ª de 10 diciembre 1991, 352/1993 STC Sala 2ª de 29 noviembre 1993 y 23/1994 STC Sala 2ª de 27 enero 1994, las cuales ponen de manifiesto cómo la aclaración de sentencia a la que se refiere el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial artículo.267 LO 6/1985 de 1 julio 1985 se ciñe a la rectificación de errores materiales manifiestos y los aritméticos que puedan ser rectificados en cualquier momento más sin que pueda utilizarse éste remedio ni para corregir errores de calificación jurídica, ni para sustituir los pronunciamientos de una sentencia firme por otros de signo contrario.
Ello atenta contra los principios de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica que consagran los artículos 24 y 9 de la Constitución Española ; por todo lo cual debe declararse la nulidad del referido Auto de 6 de febrero de 2003, y sin que haya lugar a otros pronunciamientos habida cuenta de la firmeza de la sentencia indebidamente aclarada.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:

Estimar el recurso de suplicación interpuesto por D. José Enrique frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia, de fecha 13 de enero de 2003 y Auto aclaratorio de 6 de febrero de 2003, declarando la nulidad del referido Auto, manteniendo dicha sentencia.
Dése a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.


ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO, cuenta número: 3104.000.66.0359.04, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito BANESTO c/c. 2410-4043-00-0359-04 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Francisco Martínez Muñoz.- Joaquín Ángel De Domingo Martínez.- Manuel Rodríguez Gómez.

Publicación.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

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