Audiencia Provincial de Murcia. Sec. 3ª,

SENTENCIA: 76/1996, rec. 474/1995.
Pte: Fernández Zapata, Francisca Isabel


     Vistos por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Murcia y seguidos en el mismo con el núm. 315/93 -Rollo núm. 474/95-, en los que figura: como demandante, don ENRIQUE ORTUÑO VERA , en el Juzgado y en esta alzada representado por la Procuradora Sra. Sevilla Flores y defendido por el Letrado Sr. Cuadros Castaño y como demandados, doña JUANA SAMPER DELGADO, representada en ambas instancias por el Procurador Sr. Saura Pérez y defendida por el Letrado Sr. Ríos Moreno, así como el MINISTERIO DE DEFENSA, representado y defendido por el Sr. Abogado del Estado, versando sobre reclamación de cantidad; los cuales penden ante esta Sala en virtud de Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y al que se ha adherido la demandada doña JUANA SAMPER DELGADO contra la Sentencia de fecha 25 de Septiembre de 1.995 dictada por el referido Juzgado; siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada doña FRANCISCA ISABEL FERNÁNDEZ ZAPATA, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La expresada resolución contiene el siguiente: "FALLO: Que desestimando la demanda planteada por D. ENRIQUE ORTUÑO VERA Francisco Palazón Marín, representado por la Procuradora Sra. Sevilla Flores, contra el Ministerio de Defensa y doña JUANA SAMPER DELGADO Francisca Campos Acosta, representada por el Procurador Sr. Saura Pérez, debo declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado por la parte actora, debiendo absolver como absuelvo a los demandados de los pedimentos contra ellos efectuados, todo ello sin hacer expresa imposición de costas."

SEGUNDO.- Contra la misma se interpuso en tiempo y forma por la parte demandante recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, al que se adhirió la parte demandada JUANA SAMPER DELGADO , en cuanto a las costas, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial previos los oportunos emplazamientos, formándose el correspondiente rollo, en que comparecieron las partes debidamente representadas y tramitad; el recurso con arreglo a los de su clase, se señaló día para la vista, acto que ha tenido lugar el día 28 de Febrero de 1.996, con asistencia de los Letrados de las partes, quienes solicitaron: el de la parte apelante la revocación de la sentencia recurrida, dictándose otra conforme a sus pretensiones de primera instancia, y los de las partes apeladas, su confirmación e imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte recurrente; por su parte, el Letrado de la apelante adherida instó la revocación de la sentencia en materia de costas, oponiéndose a ello el Letrado Sr. Cuadros Castaño, quedando los autos vistos para sentencia.

TERCERO.- En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales, salvo la del plazo para dictar sentencia en esta alzada, debido al elevado número de asuntos que recaen sobre esta Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente litigio trae causa de la reclamación efectuada por el actor, don ENRIQUE ORTUÑO VERA, contra el Ministerio de Defensa y contra doña JUANA SAMPER DELGADO, apoyando su demanda en los siguientes hechos:
  a) Que en fecha 20 de Noviembre de 1.989 el actor fue intervenido quirúrgicamente mediante anestesia general practicándole hemorroidectomía, en el Hospital Naval del Mediterráneo de Carta¬gena;
  b) Por indicación médica y durante el post-operatorio se le administraron diversos inyectables por vía intramuscular;
c) Concretamente, el día 23 del mismo mes y año, la A.T.S. de servicio (JUANA SAMPER DELGADO) administró al demandante una inyección, que originó una infección que le afectó el muslo a nivel del músculo vasto externo derecho, tensor de la fascia lata con crepitación, siendo así que la A.T.S. ante¬riormente había atendido a la paciente vecina aquejada de gangrena gaseosa;
d) Que según informe de fecha 25 de mayo de 1.990 realizado por el ISFAS en el actor concurrían "secuelas de gangrena gaseosa de M.I. Derecho";
e) Que ha de estimarse producido el contagio en dicho centro y por razón de la inyección administrada, en-tendiendo que no se adoptaron las medidas oportunas en orden a prevenir y evitar el resultado producido, por lo que existe responsabilidad de la A.T.S. dosis JUANA SAMPER DELGADO y del. Ministerio de Defensa en cuanto órgano gestor del Hospital Naval del Mediterráneo, donde fue atendido, y procede la indemnización corres¬pondiente.

SEGUNDO.- La Sentencia impugnada desestima la demanda absol¬viendo a los demandados, resolución contra la que en su día formuló la representación del actor don ENRIQUE ORTUÑO VERA, el presente recurso.

TERCERO.- La cuestión inicial que plantea el recurrente estriba en la determinación de si realmente la infección se produjo por negligencia de los servicios sanitarios. En cuanto al contagio por la administración al actor del inyectable por la A.T.S. demandada, la sentencia impugnada estima que no existen pruebas suficientes que avalen ese hecho y en consecuencia absuelve a la citada demandada, circunstancia ésta- no discutida en esta alzada. Pero lo que, evidentemente, no se puede desconocer, es que la infección acaeció durante su internamiento en el Hospital Naval del. Mediterráneo, no pudiendo considerarlo como un hecho fortuito, toda vez que numerosas sentencias del. Tribunal Supremo dulcifican el rigor probatorio en los supuestos de responsabilidad médico quirúrgica y adoptan criterios más flexibles en orden a la distribución de la carga de la prueba en estos casos (Sentencias del T. S. Sala Primera de 16-12-87, 12-2-90 y 1-11-92, entre otras), a partir de la gran dificultad que supone para el usuario de los servicios de sanidad la investigación y conocimiento de los hechos y la aportación del material probatorio adecuado ante la mayor facilidad de los organismos de la administración sanitaria, por lo que bastaría acreditar siquiera indiciariamente la existencia de anomalías o posibles defectos asistenciales para determinar la apreciación de responsabilidad del Hospital y por ende del Ministerio de Defensa como gestor, por anormal funcionamiento de sus servicios.

CUARTO.- Según lo manifestado por el médico forense en su comparecencia de 20 de Junio de 1.995, los enfermos contagiosos no tienen por qué estar estrictamente aislados, ya que la vía de contagio no lo exige, si bien sí precisa un estricto cumplimiento por parte del personal sanitario en la prevención y evitación de cualquier posibilidad de contagio.
     Evidentemente, si a pesar de ello, la infección se ha producido queda demostrado que falló el necesario control, lo que en forma alguna debe soportar el enfermo que está siendo tratado en un centro sanitario y sí el órgano de la Administración encargado de velar por que la misma se lleve a cabo en las necesarias condiciones de seguridad para el ciudadano.

     No cabe duda que la infección ocurrió estando hospitalizado el actor en el centro asistencial y bajo la atención y cuidado de su personal, sin que la entidad apelada lograra acreditar en forma convincente que las condiciones de asepsia del centro fueran del todo óptimas, eficientes y suficientes para evitar tales procesos, limitándose a asegurar que se trató de un caso fortuito.
     Al descartarse éste en las circunstancias concurrentes acreditadas y ante el evidente resultado producido es lo cierto que el Hospital demandado no ha demostrado en la forma más convincente posible, el haber procedido con toda diligencia y cuidados debidos, los que deben ser extremos cuando se trata de situaciones infecciosas que exigen una alerta y revisiones constantes para preservare la salud de las personas internadas.
     Sin embargo, en la cuestión sometida a litigio, no queda suficientemente probada la diligencia precisa para haber evitado dicha infección, debiendo por tanto estimar el recurso planteado por la representación del demandante, condenando al Ministerio de Defensa a indemnizarle por los días de incapacidad en la cantidad de 494.000 Pesetas, estando así a la cifra contenida en el petitum de la demanda, y por las secuelas y daños morales sufridos en la cifra de 2.000.000 Pesetas , teniendo en cuenta la situación personal y laboral del actor, más los intereses del art. 921 L.E. Civil.

F A L L A M O S

     Que estimando en parte el recurso planteado por la Procuradora Sra. Sevilla Flores en nombre y representación de don ENRIQUE ORTUÑO VERA , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la Sentencia dictada el día 25 de septiembre de 1.995 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Murcia en el Juicio de Menor Cuantía núm. 315/93 -Rollo de Apelación núm. 474/95-, y en su lugar, estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Sevilla Flores en nombre y representación de don ENRIQUE ORTUÑO VERA contra el MINISTERIO DE DEFENSA y doña JUANA SAMPER DELGADO, debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a esta última de los pedimentos contra ella formulados en la demanda y debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al MINISTERIO DE DEFENSA a que abone a la parte actora la cantidad de 2.494.000 Pesetas. (dos millones cuatrocientas noventa y cuatro mil pesetas) por días de incapacidad, secuelas y daños morales, más intereses del articulo 921 L.E. Civil absolviéndolo del resto de las cantidades solicitadas.
     No se hace especial pronunciamiento respecto de las costas de la adhesión al recurso de apelación.

     Así por ésta nuestra Sentencia, de la que se extenderán los testimonios pertinentes, lo acordamos, mandamos y firmamos.