Audiencia Nacional. Sala Contencioso-Administrativo.
Sec. 4ª, S 30-9-1998, rec. 545/1994.
Pte: Guerra Palacios, Miguel

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 13 de mayo de 1.988, Dª Dolores, de 50 años de edad, esposa y madre de los recurrentes, ingresó en el "Hospital M.", sito en Cartagena, dependiente del Ministerio de Defensa, como beneficiaria de la asistencia sanitaria por su matrimonio con el asegurado D. Sebastián, personal civil no funcionario del Ministerio de Defensa, tras una caída en su domicilio, presentando una fractura transversal en el tercio medio de la rótula derecha. El día siguiente se realizó en dicho hospital un estudio preoperatorio en los servicios de radiografía, pulmón, corazón y anestesia, llevándose a cabo los oportunos análisis en el laboratorio. El 19 de mayo, Dª Dolores fue intervenida quirúrgicamente bajo anestesia general. El día 24 de mayo se le practicó una cura local, se le retira el vendaje colocado apareciendo una gran infección con exceso de pus, advirtiéndose un cuadro febril, con continuos dolores y elevada temperatura, y al día siguiente, se practicó un cultivo y antibiograma de la herida quirúrgica, y se inició una antibioterapia. El día 30 de mayo se practicó una nueva cura local, retirándose la antibioterapia, dada la desaparición del cuadro febril. A lo largo del mes de junio siguiente, se realizaron curas locales los días 3, 6, 8, y 10. El día 18 de junio se realizó una aproximación de los borde de la herida quirúrgica por deiscencia de la misma, con limpieza de granulaciones. Los días 20, 21, y 22 de junio se realizaron nuevas curas locales, retirándose el día 29 uno de los alambres de osteosíntesis. El 6 de julio se llevó a cabo un nuevo cierre diferido de bordes cutáneos de la herida quirúrgica ante una nueva deiscencia. Finalmente el día 14 de julio de 1988, se le dio de alta hospitalaria recomendándose revisión en consulta para el 18 de julio siguiente, no acudiendo la paciente a dicha revisión. Ante el mal estado que presentaba la herida en una de las curas que le hizo el practicante, prescrita por el "Hospital M.", la lesionada acude a la consulta del traumatólogo especialista D. Lorenzo en el "Sanatorio V." en Murcia el día 24 de julio de 1988, quien en escrito de 24 de agosto de 1988, que figura unido a los autos dice que la referida paciente "Acude a consulta por dolor osteocopo de rodilla y supuración por una herida quirúrgica practicada en otro Centro a raíz de una fractura de rótula; se le diagnostica de osteomielitis de rótula por infección de material de osteosíntesis y tromboflebitis femoral profunda, siendo intervenida, bajo anestesia general, el día 26 de julio de 1988, practicándole:

  a) Retirada del material se síntesis.
  b) Curetaje muy amplio de la cara anterior de la rótula.
c) Colgajo cutáneo de deslizamiento para cubrir defecto cutáneo resistente; en la actualidad, la herida se encuentra prácticamente cerrada, estando la enferma caminando, con la ayuda de bastones, sin presentar apenas dolor y habiendo desaparecido la tromboflebitis femoral que padecía; presenta una atrofia muscular profunda y una aguda rigidez en la rodilla, por lo que, en el próximo mes de septiembre deberá comenzar el adecuado proceso de rehabilitación.
La mencionada lesionada acudió a rehabilitación a partir de septiembre de 1988, al Centro de Rehabilitación de Boyta, de Cartagena donde con ocasión de una sesión de fisioterapia, sufrió una nueva fractura en la misma rótula, hecho que ocurrió el 4 de octubre de 1988, por lo que fue intervenida quirúrgicamente. Con posterioridad fue nuevamente intervenida en el "Policlínico S." de Murcia por los doctores D. Ricardo y D. Domingo el día 25 de octubre de 1989, siendo dada de alta el 3 de noviembre siguiente, constando en los autos escrito de Dr. Ricardo de fecha 19 de febrero de 1990, en el que manifiesta, que la paciente Dª Dolores fue intervenida por nosotros el 25 de octubre de 1989 practicándosele artrolisis artroscópica de su rodilla derecha por presentar rigidez de rodilla secundaria a fractura de rótula que sufrió el 13 de mayo de 1987 y que fue tratada quirúrgicamente, se le mantuvo anestesia epidural durante ocho días practicándosele diariamente movilizaciones de rodilla, en la actualidad se encuentra en tratamiento con rehabilitación que al menos se prolongará durante meses.
Constando también en los autos, certificado médico oficial del Dr. D. Ricardo de 7 de mayo de 1990 en el que dice que: "Dª Dolores de 52 años de edad y domicilio en Cartagena, fue intervenida por nosotros el 25 de octubre de 1989, practicandósele Artrolisis Artroscopica de su rodilla derecha, por presentar rigidez de rodilla secundaria a fractura de rótula que sufrió el día 13 de mayo de 1988 y que fue tratada quirúrgicamente; la enferma ha evolucionado muy lentamente y desde la serie de intervenciones a que ha sido sometida somos pesimistas en que pueda ganar movilidad en su rodilla, así como capacidad funcional;. por lo que en nuestra opinión y debido a que tiene un cuadro de poliartritis crónica evolucionada a artrosis está inhabilitada para cualquier clase de trabajo de forma permanente y absoluta.
Consta también en los autos un dictamen médico de 4-6-1990 sobre Dª Dolores del Instituto Nacional de Servicios Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales, que dice:
a) Valoración.
   1. Datos obtenidos de la exploración y pruebas Diagnóstico de la minusvalía.
- Menoscabo columna y extremidades: 41% -Sistema nervioso Central: 15% -Sistema genitourinario: 10% Etiología -Insuficiencia cerebrovascular.
- Artropatía postraumática con secuelas de infección y pérdida de movilidad a 60% de flexión de rodilla derecha.
- Poliartrosis osteoporosis.
- Infección urinaria de repetición.
- Descripción de la minusvalía (con expresión en su caso de minusvalías asociadas y estado general). Limitación funcional moderada.
- Camina con bastón.
- Conserva autonomía personal.
Informes y pruebas complementarias.
Aporta certificado médico Exploración Física.
   2. Evaluación de la discapacidad a efectos de las posibilidades de recuperación.
Actividad laboral: tareas sedentarias.
No precisa ayuda a tercera persona para las actividades de la vida diaria.
No puede utilizar transportes públicos.
b) Tratamiento y medidas de recuperación que se proponen por su especialista.
Rehabilitación Física.
c) Calificación Minusvalias:
Porcentaje Discapacidad 55 Unidades.
Plazo de validez definitivo.
También figura unido a los autos dictamen médico del citado organismo de 16-5-1991, en igual sentido que el anterior indicando que la lesionada persiste la discapacidad anterior, excepto que ha perdido movilidad en flexión de rodilla derecha de 60º a 20º actuales (ha perdido 40% del arco de movimiento).
El día 14 de septiembre de 1990, D. Antonio Cuadros Castaño, abogado del Colegio de Murcia, presentó en nombre de Dª Dolores un escrito de reclamación de daños y perjuicios al amparo del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, señalando que la interesada sufre incapacidad para su trabajo habitual como consecuencia del anormal funcionamiento del servicio médico del "Hospital M.", y solicitando una indemnización de 4.382.000 pesetas por los días de baja para sus tareas habituales, y 5.560.000 por las secuelas que le han restado.
Instruido el correspondiente expediente obra en el mismo un informe del jefe de la Clínica de Traumatología del "Hospital M." en el que se examinan desde un punto de vista técnico la intervención y tratamiento de que fue objeto la interesada en el referido Hospital, concluyéndose que la asistencia médica fue la adecuada, siguiéndose la técnica habitual para el tipo de lesiones que sufría la paciente, destacándose la circunstancia de que después de haber sido dada de alta hospitalaria el día 14 de julio de 1988, y habiendo sido citada para revisión el día 18 siguiente, no se presentó a la misma, teniéndose noticia de que la interesada había acudido a un traumatólogo ajeno a la Sanidad Militar. Asimismo obra en el expediente una certificación de defunción de Dª Dolores, hecho acaecido el 7 de junio de 1991, con motivo de un accidente de circulación del coche que era conducido por su esposo, continuándose la reclamación indemnizatoria por sus herederos, representados por el letrado mencionado anteriormente.
Con fecha 10 de diciembre de 1992 el Excmo. Sr. Ministro de Defensa, visto el dictamen del Consejo de Estado, resuelve no declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración y desestimar la petición formulada por D. Álvaro.
El día 25 de enero de 1994 el Letrado mencionado Antonio Cuadros Castaño, en nombre y representación de D. Serafín y sus hijos interpone recurso de reposición contra la anterior resolución de fecha de registro de salida 29-12-1993, que es desestimado por resolución del Ministerio de Defensa de 10 de mayo de 1994.
SEGUNDO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado el 16 de junio de 1.994 ante la Sala de este Orden Jurisdiccional y turnado a esta Sección, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente administrativo, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que así hizo en escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando se dicte una Sentencia por la que se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración, y se condene al Ministerio de Defensa al pago de la cantidad de 10.000.000 de pesetas, de los que son 4.382.000 pesetas correspondientes a días de incapacidad para sus faenas habituales, período 15-5-88 a 17-5-90, y 5.561.800 pesetas, por secuelas, daños morales y físicos e incapacidad resultante.
Emplazado el Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando una Sentencia desestimatoria del recurso interpuesto y confirmatoria de la resolución impugnada por ser conforme a Derecho.
TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, se practicaron las que, propuestas por las partes, fueron admitidas, con el resultado que obra en las actuaciones. Y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió sucesivamente a las partes el plazo de quince días para que manifestaran sus conclusiones escritas, lo que efectuaron ratificándose en sus respectivas pretensiones.
Con ello quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó con relación al día 23 de septiembre de 1998, en que así tuvo lugar.
Vistos los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, y siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Miguel Guerra Palacios, Magistrado de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la Resolución del Ministerio de Defensa de 10 de mayo de 1994 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del referido Ministerio que desestima la reclamación de indemnización formulada por los interesados reflejada en los anteriores antecedentes de hecho, como consecuencia de la deficiente atención prestada por los servicios correspondientes del "Hospital M." a Dª Dolores, al entender en primer lugar que la resolución impugnada, fue ajustada a derecho, toda vez que la Administración demandada consideraba que la reclamación se había efectuado fuera de plazo por lo que procedía inadmitir la pretensión indemnizatoria, y en segundo lugar, que no procedía declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración del estado, ya que no hay en el expediente administrativo ningún informe técnico o pericial que permita imputar el efecto lesivo a la actuación del servicio de traumatología del "Hospital M.", por el contrario, según el informe elevado por el jefe de la Clínica de Traumatología de ese Hospital el 15 de febrero de 1991, el tratamiento fue el adecuado, sin que los interesados hayan aportado otros informes médicos de los que pudiera deducirse lo contrario.
Los recurrentes fundan su pretensión indemnizatoria en lo que entienden ha sido un defectuoso funcionamiento del servicio público, concretado en que el tratamiento llevado a la lesionada y la prestación sanitaria previa, en la operación y postoperatoria, en el citado Hospital no fue ajustada a la praxis médica y hospitalaria y le produjo una serie de lesiones, secuelas e incapacidades a la madre y esposa de los demandantes, que deben ser indemnizadas conforme a lo solicitado.
Partiendo de ello, consideran que se reúnen los requisitos establecidos normativamente para que nazca la obligación de reparar el daño causado, que concreta desde una triple perspectiva: corporales, morales y laborales por días de incapacidad, reclamando diversas sumas por cada uno de esos conceptos, como se indica en los antecedentes de hecho.
Frente a ello, el Abogado del Estado articula oposición de acuerdo con lo argumentado por la Administración en las resoluciones impugnadas, alegando que la reclamación se efectuó fuera de plazo, el 13 de septiembre de 1990, esto es, después de un año que es el plazo de caducidad establecido para el ejercicio de la acción de reclamación, y negando la concurrencia del requisito del nexo causal, entre la acción u omisión de la Administración y el daño causado, en una relación de causa a efecto, directa, única y sin intermediación de ninguna otra circunstancia. Así dada de alta en el Hospital el 14 de julio de 1990, se tenía que presentar a revisión médica el día 18 siguiente, cosa que no hizo. Y a partir de esa fecha, siguió tratamiento médico en Centros y Médicos ajenos a la Sanidad Militar, luego la Administración, no puede responder de los hechos y las consecuencias de estos nuevos tratamientos, siendo la actuación médica para con la enferma del Hospital de Cartagena, de total corrección jurídica, según los informes emitidos por el jefe de clínica de traumatología y el del Teniente Coronel de Sanidad, por lo que no cabe exigir responsabilidad patrimonial de ningún tipo.
SEGUNDO.- Vistos los términos en los que el proceso ha quedado planteado, es necesario distinguir dos tipos de cuestiones que, de una u otra forma, han sido suscitadas por las partes procesales y que se proyectan sobre ámbitos distintos. Una primera estaría constituida por la alegación de haberse planteado la reclamación administrativa fuera de plazo, que viene referida al procedimiento administrativo y que tiene relación con el proceso jurisdiccional, pues de estimarse habría que declarar la inadmisibilidad del mismo; el segundo grupo propiamente se relacionan con la existencia y, en su caso, alcance de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Por evidentes razones de orden jurídico procesal tal es también el orden en que esas cuestiones deben ser analizadas. Con respecto a la primera cuestión debatida desde un punto de vista formal, entiende este Tribunal de acuerdo con lo informado en el expediente administrativo por la Intervención General y la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, que aún cuando la instancia efectuando la reclamación se presentó el 14 de septiembre de 1990 y el alta hospitalaria es de 14 de julio de 1988, y por ello pudiera considerarse como extemporánea la reclamación indemnizatoria, no obstante la evolución de las lesiones ha supuesto posteriores intervenciones, siendo la última de 25 de octubre de 1989, por lo que debe considerarse presentada dentro del plazo legal de un año que a tal efecto establece el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, a la vista de que, como ha señalado el tribunal Supremo en Sentencias de 10 de septiembre de 1979 y 21 de septiembre de 1984, cuando el resultado lesivo prolonga sus efectos en el tiempo, no empieza a correr el plazo hasta que no cesan los efectos dañosos en el patrimonio del perjudicado. Tal es además la interpretación más conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva constitucionalmente consagrado en su manifestación del derecho al acceso al proceso. Por lo que tal motivo de impugnación debe ser desestimado.
TERCERO.- El segundo grupo de cuestiones indicadas con anterioridad concierne a la existencia o no en el caso enjuiciado de responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos sanitarios a que se ha hecho referencia en los Antecedentes de Hecho reseñados. Y a tal respecto es necesario indicar que, el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, proclama el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión sufrida en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión fuera consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, lo que ya venía previsto con anterioridad en similares términos por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954, el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, Texto Refundido de 26 de julio de 1.957, y está recogido igualmente en el artículo 106.2 de la Constitución, siendo estas tres últimas normas jurídicas las de aplicación al caso examinado.
En la interpretación de estas normas, el Tribunal Supremo -entre otras, Sentencias de 5 de diciembre de 1.988, 12 de febrero, 21 y 22 de marzo y 9 de mayo de 1.991, o 2 de febrero y 27 de noviembre de 1.993-, ha estimado que para exigir responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos era necesario que concurrieran los siguientes requisitos o presupuestos:
1. hecho imputable a la Administración, 2. lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, 3. relación de causalidad entre hecho y perjuicio, y 4. que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. O, como señala el mismo Alto Tribunal en sus Sentencias de 14 de julio y 15 de diciembre de 1.986, 29 de mayo de 1.987, 17 de febrero o 14 de septiembre de 1.989, para que nazca dicha responsabilidad era necesaria "una actividad administrativa (por acción u omisión -material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama; a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de la fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración". A fin de examinar si concurren en este caso los requisitos indicados, cabe comenzar recordando que la responsabilidad patrimonial de la Administración va a surgir, según los artículos 106.2 de la Constitución y 139.1 de la Ley 30/1992, citada, siempre que la lesión sea "consecuencia" del funcionamiento normal o anormal de los poderes públicos, porque, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1.987, "la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración no supone que la obligación de indemnizar nazca siempre que se produce una lesión por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sino que es preciso que entre la lesión y el funcionamiento haya un nexo de causalidad objetiva del que resulte que aquella lesión es consecuencia de este funcionamiento", ya que, a tenor de lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1.990, "la Administración no tiene el deber jurídico de soportar unos daños que ella no ha causado".
Desde esta perspectiva, téngase en cuenta que, como advierte la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1.993, con cita de otras anteriores, después de recordar que "el nexo causal entre la actuación administrativa y el perjuicio sufrido tiene singular relevancia, como factor expresivo de la relación de causa a efecto entre el actuar administrativo y los daños originados, determinantes de que éstos sean consecuencia de aquél", añade que "si bien esa vinculación entre los factores dichos implica un juicio valorativo de lo acreditado en autos o en el expediente, y no se ha de llegar a exigir una prueba concluyente, de difícil consecución en la mayoría de los casos, sí se ha de precisar para su apreciación deducir, conforme a las reglas del criterio raciona un enlace precio y directo entre uno y otro (el actuar administrativo y los daños originados), expresivo de esa dependencia entre ambos".
En el ámbito de la asistencia sanitaria también cabe traer a colación la doctrina que expone el Tribunal Supremo (Sala 4ª), en Sentencia de 5 de junio de 1.991, luego recogida en otras posteriores, donde respecto a lo que nos interesa diferencia en esta materia distintos tipos de daños. En primer lugar, entre los producidos por la enfermedad y los producidos por el tratamiento médico prestado. En segundo lugar, dentro de los primeros, entre "los daños que la enfermedad produce necesariamente, a pesar de todos los tratamiento médicos por adecuados y eficaces que ellos sean, ya que vienen impuestos por el carácter caduco y enfermable de la condición humana" y los "daños producidos por la enfermedad, pero que son evitables con un tratamiento médico prestado a tiempo y adecuado y que su producción es debida a la falta de asistencia sanitaria o a que la prestada no fue la adecuada". Finalmente, dentro de los producidos por el tratamiento médico, también subdistingue entre "aquellos daños que son intrínsecos al tratamiento como tal y que por ello se producen de modo necesario y justificado por su finalidad terapéutica" y "aquellos otros que el tratamiento médico produce, al margen de su finalidad terapéutica, y que son daños producidos bien porque no es el tratamiento procedente o adecuado el prestado, o porque en su realización se introducen circunstancias que lo desnaturalizan y que son ajenas a la constitución individual del enfermo". Partiendo de ello, cabe convenir con que sólo los segundos de los enunciados en cada uno de los dos grupos principales son susceptibles de ser considerados causa a los efectos de que se trata.
También es de destacar la doctrina sentada en esta materia de indemnización por funcionamiento anormal de los servicios públicos sanitarios por la Sentencia la Sala 3ª del Tribunal Supremo Sección 6ª de 9 de marzo de 1998, que dice que un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado permite concretarlos del siguiente modo:
a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño perjuicio, en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.
b) En segundo lugar , la lesión se define como daño ilegítimo.
c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas.
d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado. Añadiendo que la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, contemplada en los artículos 40 de la LRJAE, 106 CE y 121 y 122 LEF, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente individualizado (SSTS de 19-11-94, 11, 25, y 28 de febrero y 1 de abril de 1995, y 16 de febrero de 1996).
Esta fundamental característica impone, para exigir aquella responsabilidad, que no solo no es menester demostrar que los titulares o gestores de la actividad que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extiende la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos. Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable.
Los anteriores principios permiten constatar el examen de la relación de causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual, debiendo subrayarse:
a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquel.
b) No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que -válidas como son en otros terrenos- irían en este en contra del carácter objetivo de la responsabilidad de las Administraciones Públicas.
c) La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo causalidad, a su vez, debe reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de esta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.
d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia.
Proyectado lo expuesto en los párrafos anteriores al supuesto de autos, en relación con lo que se ha acreditado en el proceso, por la prueba documental aportada, y en concreto por los informes médicos referidos en los antecedentes de hecho, de los traumatólogos doctores D. Ricardo y D. Manuel, y el informe pericial que obra en los autos, del doctor D. Miguel, en el que se dice en sus conclusiones que "aún no habiendo defectos en la aplicación de las técnicas quirúrgica conocidas entonces, en Dª Dolores no se controló ni vigiló suficientemente su evolución postquirúrgica en los días inmediatos a la operación, lo que ocasionó las complicaciones y las secuelas que padeció la actora", resulta que la lesionada Dª Dolores se sometió voluntariamente a una operación quirúrgica en el "Hospital M." por presentar fractura transversal tercio medio rótula derecha, el día 19-5-1988, que a consecuencia de aquella operación se le produjo una infección en la rodilla que motivó sucesivas intervenciones de distintos médicos, sufriendo la misma diversas lesiones que necesitaron distintas curas y que al no ver mejorada su situación, la referida enferma se sometió a tratamiento de otros facultativos de distintos hospitales que llegaron a intervenirla quirúrgicamente en otras tres ocasiones resultando con las lesiones y secuelas dictaminadas por el INSERSO y reflejadas con anterioridad, siendo abonados los gastos que originaron estas últimas intervenciones médicas por los Seguros Sociales de la Armada que había autorizado los mismos. Padeciendo con motivo de ello tanto la interesada como su familia, numerosos sufrimientos y perjuicios hasta su fallecimiento, ocurrido en accidente de circulación el día 7 de junio de 1991, no habiéndose acreditado en los autos por parte de la Administración ni la concurrencia de fuerza mayor en el supuesto de hecho analizado, ni una actuación gravemente negligente por parte de la lesionada, por cuanto ha nadie se le puede exigir una conducta distinta de la observada por la interesada, de continuar siendo asistida en un Hospital donde no se la curaba de las lesiones que se le ocasionaron con motivo su primera operación.
Así pues de acuerdo con lo razonado anteriormente, concurriendo pues la relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración sanitaria y el resultado dañoso por virtud del cual se ejercita la acción de responsabilidad, estima esta Sección que procede declarar la responsablidad patrimonial de la Administración demandada, por concurrir los requisitos expuestos de acuerdo con la doctrina jurisprudencial referida.
CUARTO.- Establecida en el apartado anterior la concurrencia de los requisitos exigidos para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración, se está en el caso de concretar la obligación reparadora que surge como corolario de la misma.
Los hechos determinantes de la responsabilidad patrimonial en que puede incurrir la Administración pueden causar una pluralidad de daños, si bien normalmente suelen distinguirse entre los que tienen un carácter patrimonial y los que no lo tienen. En el primer grupo entrarían los daños propiamente materiales además del daño emergente y aún del lucro cesante. En el segundo se incluye el llamado por la Jurisprudencia "pretium doloris" (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1984 o 1 de diciembre de 1.986), concepto éste que reviste una categoría propia e independiente de las demás, y comprende tanto el daño moral como los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por los perjudicados (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1988).
A la hora de efectuar la valoración, la Jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1987, 15 de abril de 1988 o 5 de abril y 1 de diciembre de 1989) ha optado por efectuar una valoración global que, a tenor de la Sentencia de 3 de enero de 1990, derive de una "apreciación racional aunque no matemática", pues, como refiere la Sentencia del mismo Alto Tribunal de 27 de noviembre de 1993, se "carece de parámetros o módulos objetivos, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluyendo en ocasiones en dicha suma total el conjunto de perjuicios de toda índole causados, aun reconociendo, como hace la Sentencia de 23 de febrero de 1988, "las dificultades que comporta la conversión de circunstancias complejas y subjetivas" en una suma dineraria.
Ciertamente, en otros ámbitos distintos existen baremos que permiten una concreción puramente objetiva, pero la aplicación de estos baremos a los casos de responsabilidad patrimonial de la Administración puede resultar discutible, pues aunque se funde en criterios objetivos, debe recordarse que según el artículo 141.2 de la citada Ley 30/1992, la valoración debe efectuarse atendiendo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, a los de la legislación fiscal y demás normas aplicables y a la ponderación de valor en mercado, sin que pueda admitirse la equiparación que hace la parte actora entre las lesiones padecidas por la interesada y su "valor en mercado" refiriéndose al sistema para valoración de los daños y perjuicios previsto en el ámbito de la circulación de vehículos a motor.
La misma jurisprudencia contencioso-administrativa se muestra vacilante en cuanto a la asunción de este tipo de baremos, por cuanto así como el Tribunal Supremo ha apelado en alguna ocasión a los módulos valorativos referidos o a otros -así, Sentencias de 26 de septiembre de 1977, 18 de enero de 1980 o, más recientemente, 16 de diciembre de 1994-, en otras ha negado su aplicación por entender que "el principio de responsabilidad directa patrimonial del Estado con motivo del funcionamiento de sus servicios está establecido en una Ley general y con la técnica de la cláusula general ... por lo que no cabe ... seguir otros sistemas especiales reguladores de reparaciones debidas por la Administración por otros conceptos concretos y distintos especialmente establecidos para reparaciones específicas" -Sentencias de 21 de abril y 26 de septiembre de 1977, 2 de abril y 3 de diciembre de 1979 o 18 de febrero de 1980-.
En todo caso, y como ya ha indicado esta Sección en otras ocasiones (así, Sentencias de 12 de febrero -recurso 326/94- 30 de abril -recurso 516/95- de 1997 y 15 de octubre de 1997 -recurso 1053/94) cabe convenir que la utilización de algún baremo objetivo puede ser admisible, pero siempre y cuando se utilice con carácter orientativo y no vinculante, ya que debe precisarse y modularse al caso concreto en el que surge la responsabilidad patrimonial, de forma que si el interesado acredita que con la suma establecida mediante su utilización, la reparación es insuficiente, la Administración primero y los Tribunales después pueden corregir esa concreción hasta que se produzca una efectiva reparación integral del perjuicio y, al contrario, si resulta excesiva, reducirla a sus justos términos.
Así las cosas, para determinar de la forma más ajustada a Derecho la indemnización que por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado debe corresponder a los hoy demandantes, que son el esposo y los hijos de la que resultó lesionada y que falleció como se ha dicho por otras circunstancias distintas a las aquí enjuiciadas, hay que atender, en el caso, y fundamentalmente, a los siguientes criterios:
a) En primer lugar, al principio general inspirador de la materia y constantemente proclamado por el Tribunal Supremo y por la misma doctrina legal administrativa, de reparación "integral" de los perjuicios sufridos.
b) En segundo lugar, a los efectivos perjuicios sufridos por los interesados, determinados en la forma expuesta en el apartado anterior, para lo que hay que tener en cuenta la circunstancias personales, familiares y sociales del mismo en relación con el funcionamiento de la Administración que ha ocasionado el daño.
c) En tercer lugar, el reconocimiento en base a los mismos hechos que de otras sumas y al amparo de otras vías de resarcimiento ha podido tener lugar.
d) Finalmente, que en ningún modo puede lograrse un enriquecimiento injusto del particular.
En este contexto, se estima que la suma de dos millones de pesetas, es la más ponderada para cubrir el perjuicio causado por la defectuosa asistencia sanitaria, en los términos reflejados con anterioridad, por los daños físicos y morales que sufrieron los demandantes con motivo de las intervenciones quirúrgicas y demás tratamientos médicos, lesiones y secuelas que padeció Dª Dolores, no habiéndose acreditado en los autos los restantes daños y perjuicios alegados por los actores.
QUINTO.- De cuanto antecede se deduce la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo interpuesto, sin que, por lo que se refiere a las costas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se estimen méritos para hacer expresa imposición a ninguna de las partes procesales.
Por todo lo expuesto

F A L L A M O S

     Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 545/94 interpuesto por D. Álvaro, D. Jesús, D. Antonio y Dª. Rosa contra la Resolución del Ministerio de Defensa de 10 de mayo de 1994, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de dicho Ministerio de 10-12-1992 que resolvió no declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración y desestimar la petición formulada por D. Sebastián, actos que anulamos por ser contrarios a Derecho, declarando el derecho de los demandantes a ser indemnizados en la suma de dos millones (2.000.000) de pesetas, en concepto de responsabilidad de la Administración, conforme a lo razonado en los fundamentos de derecho que anteceden.
     Sin hacer expresa imposición de costas.

     Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Angel Falcón Dancausa.- Miguel Guerra Palacios.- Juan Carlos Fernández De Aguirre Fernández.

PUBLICACION.- En el mismo día de su fecha, fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose constituido en Audiencia Pública, de lo que yo, Secretario, doy fe.