JUZGADO DE LO SOCIAL Nš 8 DE MURCIA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000384 /2014

  En MURCIA, a seis de Noviembre de dos mil quince.

 

D. JOSE ALBERTO BELTRAN BUENO Magistrado-Juez del JDO. DE LO SOCIAL N. 8 tras haber visto el presente PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000384/2014 a instancia de D. A.A.M., asistido de Letrado D. Antonio Cuadros Castaño, contra la empresa T.C.M., S.A. representada por el Graduado Social D. M.R.D., y la compañía MGS representada por el Letrado D. J.F.M. Muñoz. EN NOMBRE DEL REY, ha pronunciado la siguiente:

 

 

SENTENCIA

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

 

PRIMERO.- D. A.A.M. presentó demanda en procedimiento de ORDINARIO contra la empresa T.C.M., S.A. y la compañía MGS, S.A., en la que exponía los hechos en que fundaba su  pretensión,  haciendo  alegación  de  los  fundamentos  de derecho que entendía aplicables al caso y finalizando con la súplica de que se dicte sentencia accediendo a lo solicitado.

 

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se ha celebrado el acto de conciliación, y en su caso, juicio con el resultado que obra en las actuaciones.

 

TERCERO.- En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales.

 

 

HECHOS PROBADOS

 

 

PRIMERO.- Por resolución del I.N.S.S. de fecha 14-06-13 se declaró al trabajador D. A.A.M. en situación de incapacidad  permanente  en  grado  de  total  derivada  de enfermedad común revisable en 12 meses y con reserva del puesto de trabajo.

 

SEGUNDO.- En fecha 16-12-13 fue dictada sentencia por este Juzgado de lo Social en el procedimiento núm. 971/2012, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

 

Que  estimando  la  demanda  planteada  por  D.  ANTONIO  ARCE MONTOYA, contra el I.N.S.S., la T.G.S.S., IBERMUTUAMUR, el S.M.S. y la empresa TRANSPORTES DE LA CONSTRUCCIÓN MURCIANOS,S.A., debo declarar y declaro que los procesos de incapacidad temporal cursados por el demandante durante los periodos 21-07-11 a 14-01-13 y 31-03-13 a 19-06-13, son derivados del accidente de trabajo que sufrió el 15-07-09; condenando a todos los codemandados a estar y pasar por esta resolución, con las consecuencias inherentes a la misma.

 

TERCERO.- Como consecuencia de la precitada sentencia, el I.N.S.S. revisó el expediente de incapacidad permanente y dictó resolución en fecha 06-06-14, del siguiente tenor:

 

Revisado su expediente de incapacidad permanente, el Equipo de Valoración de Incapacidades, a la vista de la sentencia del Juzgado de lo Social número ocho de Murcia de fecha 16-12-2013, ha determinado que las secuelas actuales que le afectan, derivan del accidente de trabajo padecido el 15-07-2009.

 

Nombre y apellidos del trabajador: A.A.M.

Documento Nacional de Identidad:  

Fecha de nacimiento:  

Fecha   del   accidente: 15-07-2009.   Recaída:   31-03-2013

(sentencia del J. Social n° ocho)

Empresa en la que trabajaba: T.C.M. SA

Profesión habitual del trabajador: CONDUCTOR DE HORMIGONERA

Contingencia determinante: ACCIDENTE DE TRABAJO.

Hecho causante de la prestación: 12-06-2013

Grado de incapacidad reconocido: INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL

(*)  Base  reguladora  anual:  20.878,28  €

Base  reguladora mensual: 1.739,86 €

Porcentaje de la pensión: 55 %

Pensión mensual: 956,92 €

Importe revalorizaciones: 46,37 €

Pagas extraordinarias: SIN DERECHO

Efectos económicos: 19-06-2013

Entidad responsable: M.I.M.

(*) Base reguladora calculada con las bases de cotización por contingencias profesionales del año anterior a la fecha del accidente. (Alegaciones del interesado).

 

Practicada liquidación por el período 19-06-2013 a 31-05-2014, resulta un saldo a su favor de 2.463,15 €, que se le abonarán mediante  transferencia  bancaria  a  través  de  su  oficina pagadora habitual.

 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la jurisdicción social ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción , de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 26/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 10).

 

 

CUARTO.- Iniciada revisión de oficio del grado de incapacidad reconocido, el I.N.S.S. dictó resolución de fecha 19-09-14 por la que declaró a quien ahora demanda no incapacitado permanentemente, por mejoría de sus dolencias, procediendo a anular y dar de baja desde 01-10-14 la pensión de incapacidad permanente que venía percibiendo. Dicha resolución adquirió firmeza al no objeto de impugnación.

 

QUINTO.- En fecha 23-05-14 se celebró sin avenencia acto conciliatorio ante el S.R.L., en virtud de papeleta presentada el 12-05-14 por D. A.A.M., frente a la empresa T.C.M,, S.A. y la compañía MGS, en reclamación de la cantidad de 25.000 € por el concepto de indemnización de convenio.

 

SEXTO.-  La  empresa  codemandada  se  rige  por  el  Convenio Colectivo para las empresas de transporte de mercancías por carretera de la Región de Murcia 2013-2015 (B.O.R.M. de 23-10-13), en cuyo art. 32 se dispone, respecto del seguro de accidentes y a los efectos que aquí interesan, que:

 

Las empresas afectadas por el presente Convenio suscribirán, por sí mismas o a través de sus asociaciones, una póliza de seguro a favor de sus trabajadores que garantice a los mismos, su viuda o beneficiarios, la percepción de una indemnización de 25.000,00 euros en el caso de muerte o invalidez permanente total para la profesión habitual y 35.000,00 euros en el caso de gran invalidez e invalidez permanente absoluta, derivadas ambas de accidente de trabajo.

 

SEPTIMO.- La empresa T.C.M., S.A., en cumplimiento del precitado precepto convencional, tiene suscrita póliza de seguro la compañía MGS S.A., en la que, como garantia asegurable, se define  la  Invalidez  Permanente  Total  para  la  profesión habitual en los siguientes términos:

 

Se entiende como tal la que inhabilite al trabajador para la realización  de  todas  o  las  fundamentales  tareas  de  su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

 

Cuando la invalidez sea derivada de un accidente laboral o enfermedad profesional, el capital garantizado se indemnizará cuando sea reconocida y aceptada esa invalidez, como consecuencia de un accidente laboral o enfermedad profesional, al  Asegurado  por  la  Unidad  Médica  de  Valoración  de Incapacidades de la Seguridad Social.

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

PRIMERO.- La aseguradora demandada se opone a la demanda por un único motivo, a saber: Que el trabajador demandante fue declarado en situación de incapacidad permanente revisable por mejoría y con derecho a reserva de puesto de trabajo; mejoría que se ha producido y ha determinado la baja de la pensión que venía percibiendo el trabajador. Por lo que la incapacidad permanente no tenía carácter irreversible y debe aplicarse la doctrina contenida en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 28-12-00, dictada en rec. Núm. 646/2000, en cuyo fundamento jurídico segundo se razona:

 

el art. 48.2 ET en su redacción actual ha introducido un supuesto de suspensión del contrato de trabajo por dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente en aquellos supuestos en que «la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su incorporación al puesto de trabajo». Tal situación constituye una  especialidad  importantísima  respecto  de  la  previsión general de revisión de las declaraciones de invalidez que se contiene en el art. 143.2 de la LGSS, puesto que, mientras en este precepto se limita a reconocer como principio general que toda  invalidez  es  susceptible  de  revisión  en  tanto  el interesado no haya cumplido la edad de jubilación, tanto por mejoría como por empeoramiento de la situación, previendo la fijación de un plazo no vinculante a partir del cual se podrá solicitar la revisión por cualquiera de las partes, en el art. 48.2 ET se parte de una revisión por mejoría no ya posible sino probable, puesto que se considera previsible que se producirá, y por ello se fija un plazo de suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo que es vinculante para el empresario, en situación que no se produce ante la simple posibilidad de revisión que contempla el art. 143 LGSS. Esta doble y diferente previsión legislativa en materia de revisión de incapacidades permite distinguir entre una declaración de invalidez previsiblemente definitiva, y por ello extintiva de la relación laboral (cual sería la general del art. 143) y una declaración de invalidez de probable revisión por mejoría y por ello suspensiva de la relación laboral (que sería la del art. 48.2 ET que obliga a la empresa a mantener en suspenso la relación laboral sin posibilidad de extinguirla).

 

Puesta en relación la previsión del art. 48.2 ET con lo que dispone el art. 4.1 de las condiciones generales de la póliza de Seguro que aquí estudiamos, en el que se afirma, como se declara  expresamente  probado  en  el  hecho  tercero  de  la sentencia de instancia que «A los efectos de este seguro se entiende por invalidez absoluta y permanente la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad... determinante  de  la  total  ineptitud  de  éste  para  el mantenimiento de cualquier relación laboral o actividad profesional»,   habremos   de   concluir   que   el   caracter «irreversible» de la situación que dicho precepto apartado contempla no puede estimarse producida en aquellos casos en los que la entidad gestora estima probable que en un futuro próximo se va a producir una revisión por mejoría.

 

En efecto, ya no estamos ante el supuesto general del art. 143 LGSS en el que, aun cuando pueda producirse la revisión por mejoría, ésta no es probable y por lo tanto nada impide estimar que la situación es irreversible de conformidad con la razón de ser de la declaración de invalidez contemplada en el art. 134.1 LGSS (exigente de «reducciones anatómicas o funcionales graves...  previsiblemente  definitivas»),  sino  ante  una previsión legal específica que, como excepción a la regla, ha previsto que aun estando afectado el trabajador por unas afecciones «previsiblemente definitivas», sin embargo, es probable que las supere, desaparezcan o se reduzcan en dos años y le permitan volver a trabajar.

 

El art. 48.2 ET constituye una disposición aparentemente contradictoria con la normativa de Seguridad Social, pero, a los efectos que aquí nos ocupan, no cabe duda que tiene su especial  trascendencia  por  cuanto  no  permite  considerer «irreversible» una incapacidad permanente declarada, como en nuestro caso ocurrió, con la específica advertencia de que «se prevé que la situación de incapacidad vaya a ser objeto de revisión por mejoría, que permita la reincorporación al puesto de trabajo antes de dos años». Y, por ello, lo mismo que en términos laborales esa apreciación no faculta al empresario para declarar la ruptura de la relación laboral en espera de esa posibilidad de reincorporación a su trabajo por parte del trabajador, por la misma razón hay que entender que aquella incapacidad declarada no es «irreversible».

 

Se trata, por lo demás, de una situación de espera transitoria en tanto en cuanto, si esa revisión por mejoría prevista no se ha producido en aquel plazo máximo de los dos años previsto en el art. 48.2 ET quedará abierta para el trabajador la posibilidad de reclamar la indemnización, y la consiguiente obligación de abonarla para la entidad aseguradora, pues a partir de entonces la incapacidad declarada ya tendrá la condición de irreversible. Si la mejoría que permita la incorporación del trabajador a su puesto de trabajo se ha producido se habrá demostrado que realmente no estábamos en presencia de una situación irreversible de las que daban derecho a la indemnización pactada.

 

Dicha doctrina no es de aplicación al supuesto que aquí se enjuicia, toda vez que en la póliza de seguro suscrita por las codemandadas no se prevé la invalidez permanente total como una situación física irreversible y, por tanto, ha de estarse a la regulación convencional y al tenor de la póliza suscrita. Por tanto, si la causación de la mejora se vincula exclusivamente a la declaración de la incapacidad permanente total y al reconocimiento de la contingencia como laboral, sin mención alguna a la extinción del contrato de trabajo ni al carácter  irreversible  de  la  incapacidad,  ello  no  puede erigirse como condición para causar el derecho.

 

Así se pronuncia, entre otras, la Sentencia de la Sala de lo Social del T.J.S. de Castilla-León (Valladolid) de 03-11-10, dictada en rec. Núm. 1601/2010, en cuyo fundamento jurídico único se razona:

 

… Ocurre que el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 determina que, en aquellos casos en los que la Entidad Gestora establezca que la incapacidad permanente se puede revisar antes de dos años, el contrato de trabajo no se extingue, sino que queda en suspenso. Y en este caso así se hizo por la Entidad Gestora, de manera que se estableció como fecha de revisión la de 5 de septiembre de 2010. En base a ello la Magistrada de instancia ha entendido que el derecho a la  mejora  convencional no  se  causaría  hasta  que  no  se produjese la extinción del contrato de trabajo, dado que si se produjese la revisión y la suspensión finalizase, con incorporación de la trabajadora a su puesto, no se causaría el derecho  a  la  mejora  de  Seguridad  Social.  El  recurrente sostiene que esta condición no puede aplicarse, dado que la solicitud de la mejora debería hacerse con la declaración de incapacidad permanente por accidente de trabajo y prescribiría al año de esa fecha, sin que quepa esperar a la resolución de la eventual revisión, máxime cuando la posibilidad de revisión de las incapacidades permanentes está implícita en las mismas conforme al artículo 143 de la Ley General de la Seguridad Social, de manera que por esa causa siempre podría denegarse la mejora.

 

Pues bien, tratándose de mejora de Seguridad Social ha de estarse a su regulación convencional y, por tanto, si la causación  de  la  misma  se  vincula  exclusivamente  a  la declaración de incapacidad permanente y al reconocimiento de la  contingencia  como  laboral,  sin  mención  alguna  a  la extinción del contrato de trabajo, esta extinción no puede alzarse como condición para causar el derecho. Desde luego la posibilidad de revisión futura de la incapacidad permanente no puede servir para denegar la mejora, puesto que dicha posibilidad existe siempre (salvo en determinado supuestos en el caso de enfermedad profesional), siendo de ordinario el plazo inicial de revisión de dos años (artículo 38 de la Orden de 15 de abril de 1969). La cuestión es si es exigible para causar el derecho a la mejora que se extinga el contrato de trabajo, ya que tal extinción podría no ocurrir, no solamente por causa de la aplicación del artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores, sino también por tener el trabajador el derecho a ser reempleado por la misma empresa en profesión distinta o ser de facto reempleado por concesión empresarial. Pues bien, ateniéndonos a lo pactado en el convenio colectivo tal condición no existe ni es aplicable, por lo que la declaración de incapacidad permanente total por accidente de trabajo supone la concurrencia del hecho causante de la mejora, que ha de ser concedida.

 

 

Y hay que tener en cuenta que el convenio colectivo en su literalidad fue pactado cuando desde hacía muchos años regía la norma del artículo 48.2, sin que se hubiera incluido salvedad alguna al respecto y siendo su texto muy diferente al de la póliza de seguros interpretada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la sentencia de 28 de diciembre de 2000 (RCUD 646/2000) que se alega en el escrito de impugnación de la aseguradora, puesto que en aquel caso  la  póliza  de  seguros  contenía  una  descripción  del supuesto protegido bajo el nombre de invalidez que es muy diferente a la redacción del convenio colectivo que aquí se analiza.

 

En base a lo anterior, la demanda debe prosperar.

 

 

SEGUNDO.-  Procederá,  asimismo,  imponer  a  la  compañía aseguradora un recargo del 20% sobre la cantidad asegurada, en concepto  de  interés  por  demora,  de  conformidad  con  lo dispuesto en el art. 20 de la L.C.S.

 

 

TERCERO.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación (Art. 191 de la L.R.J.S.).

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

 

 

FALLO

 

 

Que  estimando  la  demanda  planteada  por  D.  A.A.M., contra la empresa T.C.M., S.A. y la compañía MGS, S.A., debo condenar y condeno a MGS, S.A. a abonar al actor la cantidad de 25.000 € por el concepto de indemnización de convenio, así como los intereses por demora ex art. 20 de la L.C.S.; absolviendo a la empresa de los pedimentos deducidos en su contra.

 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes  o  interesados,  y  en  su  caso  los  profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en SANTANDER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm. 5155-0000-0384-14, debiendo indicar en el campo concepto "recurso" seguido  del  código  "34  Social  Suplicación",  acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria  del  avalista,  incorporándolos  a  esta  Oficina Judicial  con  el  anuncio  de  recurso.  En  todo  caso,  el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

 

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.