Audiencia Nacional. SALA CONTENCIOSO- ADMINSTRATIVO
Sec. 8ª rec. 297/04 S 17-06-2008.
Pte:Fernández  de Aguirre, Juan Carlos.

SENTENCIA
Presidente: D. JOSE LUIS SÁNCHEZ DÍAZ.
Magistrados:
Dª. ELISA VEIGA NICOLE.
D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA.
Dª. ISABEL PERELLÓ DOMENECH.
D.JUAN CARLOS FERNÁNDEZ AGUIRRE.

Núm. Recurso: 105/2.007.
Núm. Registro General: 656/2.007


HECHOS

     VISTO por la Sección Octava de la Sala de la Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional el recurso contencioso administrativo nº 105/2.007, promavida por la Procuradora de los Tribunales doña fiara García Perrote Latorre, en nombre y representación de don S. S., contra la Resolución de la Subsecretaria de Interior de 15 de septiembre de 2.006, dictada por delegación del Ministro del Interior, sobre reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo.

     Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 7 de febrero de 2.006, don S. S. formuló solicitud de asilo en España, en la Oficina única de Extranjeros de Ceuta, alegando lo siguiente:
  1º.- A principios de 2.003 fue elegido Jefe Estudiantil del Partido “Bangladesh Awami Chatro League".
  2º.- Su puesto de trabajo le trajo muchos problemas, pues  fue detenido y acusado falsamente de instigar contra el Gobierno.
3º.- Fue torturado, razón por la cual tuvo que ser ingresado en un hospital.
4º.- El 18 de febrero de 2.003 abandonó el hospital sin tener el alta hospitalaria.
5º.- Los Jefes de su partido le aconsejaron que  abandonara el país, de modo que marchó a Chatagonj, donde permaneció 3 meses; después, a lo largo de 13 meses recorrió diversas ciudades, hasta que llegó a la India, desde donde viajó a España.
6º.- Ha sufrido muchas penalidades en su largo periplo, sobre todo cuando atravesó el desierto del Sahara.

La solicitud fue desestimada por Resolución de la Subsecretaria de Interior de 15 de septiembre de 2.006, dictada por delegación del Ministro del Interior, por los motivos siguientes:

a) no aporta elementos personales o circunstanciales que indiquen que haya sufrido, o tenga un temer fundado de sufrir, una persecución personal.

b) el relato ofrecido resulta inverosímil, según la información disponible, así como contradictorio en la descripción de los hechos.

c) los elementos probatorios aportados no pueden considerarse prueba © indicio de la persecución  alegada.

d) no aporta pasaporte o título valido de viaje, pese a presentar abundante documentación en apoyo de sus alegaciones.

e) no se aprecia la existencia de temores fundados de persecución en los términos previstas en articulo 1.A.2 de la Convención de Ginebra. Por otra parte, la resolución razona que no se desprenden razones humanitarias o de interés públicos para autorizar la permanencia en España al amparo del artículo 17.2 de la Ley de asilo.

Frente a dicha resolución, la representación procesal de don S. S, bajo la dirección letrada de DON ANTONIO CUADROS CASTAÑO,  interpuso recurso contencioso Administrativo.

Reclamado el expediente a la Administración y siguiendo los tramites legales, se emplazó a la parte recurrente para la formalización de la demanda, lo que verificó mediante escrito que obra en autos. En dicha  demanda plantea, en esencia, lo siguiente:

1) Los hechos alegados ofrecen indicios suficientes de verosimilitud.

2) La resolución impugnada incurre en contradicción manifiesta.

3) La persecución alegada entra dentro de las causas de protección previstas en la Convención de Ginebra.

4) La resolución se ha dictado sin el preceptivo informe del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados.

Termina suplicando a la Sala que dicte sentencia por la que "se deje sin efecto la resolución recorrida al concurrir los supuestos de persecución política que establece el articulo 1.2 de la Convención de Ginebra y el artículo 5.6.b).2 de la Ley de asilo, y concurren las razones humanitarias para autorizar la permanencia en España".

SEGUNDO.- Emplazado el Abogado del Estado para que contestara a la demanda, así lo hizo en escrito en el que, tras expresar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó solicitando que se dictara una sentencia desestimatoria del recurso y confirmatoria de la resolución recorrida.

TERCERO.- Habiéndose recibido el recurso a prueba se practicó la documental interesada por el recurrente, en los extremos admitidas por la Sala, con el resultado que obra en las  actuaciones.

CUARTO.- Practicadas las pruebas se dio traslado a las partes para la presentación de conclusiones sucintas acerca de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos jurídicos en que apoyaron sus pretensiones.

QUINTO.- Concluidas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, el cual tuvo lugar el día Uno de junio de 2.008.

SEXTO.- La cuantía de este recurso es indeterminada.

Ha sido Ponente el Ilustre Sr. Magistrado don Juan Carlos Fernández de Aguirre, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo determinar si es o no conforme a Derecho la Resolución de la subsecretaria de Interior de 15 de septiembre de 2.006, dictada por delegación del Ministro del Interior, que deniega a don S. S. el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo.

FUNDAMENTO SEGUNDO.- Previamente a cualquier otra consideración, debe la Sala examinar (a alegación que en la demanda plantea, consistente en que la resolución impugnada se ha dictado sin el preceptivo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
     No consta que se ha haya comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiadas la presentación de asilo del interesado, sin  que   pueda atribuirse valor de notificación a los documentos obrantes a los folios 4.1 y 4.2 del expediente administrativo, a los que no puede dárseles otro valor que el de meros documentos de carácter interno.
     Pero es que además, las eventuales dudas que pudieran surgir al respecto quedan del todo despejadas, al comprobar que, aún considerando que se hubiera hecho la comunicación, no consta que ésta haya llegado a su destinatario.
      Sobre esta cuestión la  jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal es determinante, y así lo pone de manifiesto la Sentencia de 26 de julio de 2.006, que se expresa, en lo que aquí nos interesa, en los términos siguientes:

“Es claro el deber que pesa sobre la Administración de comunicar al Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) la presentación de las solicitudes de asilo. Lo impone la Ley 5/1984 en sus artículos 5.5 (con carácter general y, por tanto, para toda solicitud) y 5,7 (para los casos de presentación de la solicitud en frontera, que no es el de autos). Y lo impone, con una insistencia bien expresiva, su Reglamento de aplicación, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, en sus artículos 6.4 (para toda solicitud de asilo), 17,1 (para el procedimiento ordinario de inadmisión a trámite), 19.3 y 20.1.a) (ambos para el procedimiento de inadmisión en frontera), 21 .1,b) y c) (para el procedimiento de reexamen de la inadmisión en frontera), 37.2 (para acordar la cesación  del estatuto de refugiada} y 38.2 (para el reexamen tras la denegación).”

"Esos preceptos, su insistencia y reiteración del deber de comunicación en los distintos procedimientos cuyo objeto sea decidir sobre el derecho de asilo; larelevancia que tanto la ley como el Reglamento atribuyen al parecer del ACNUR (de la que son muestra, también, las previsiones contenidas en el párrafo segundo del artículo 6.2 o en el 21.2, ambas de la Ley; o en el 2.1 y 39.2 del Reglamento); y la específica función atribuida a éste, que le permite conocer con, mayor precisión en qué lugares y con qué entidad puedan darse situaciones de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, coonfiguran un conjunto que pone de relieve y que permite inferir, con toda lógica, la suma importancia que se atribuye a la posibilidad de intervención en el procedimiento administrativo del ACNUR. Por ello, al igual que ya hicimos en otras sentencias (así, en las de fechas 16 de junio, 29 de julio y 2 de septiembre de 2004, dictadas, respectivamente, en los            recursos de casación, números 4730 de 2000, 2461 de 200 y 1358 de 2001), hemos de concluir que el defecto de petición de informe al  ACNUR, sin respetar lo establecido categóricamente por la Ley de  asilo y su Reglamento, priva al acto administrativo de un requisito formal indispensable para que éste pueda alcanzar el fin que le impone el ordenamiento jurídico, lo que determina su anulabilidad conforme a lo establecido en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992. “

"Digamos, por último, al igual que hicimos en aquellas sentencias y, también, en la de fecha 25 de mayo de 2004, dictada en el recurso de casación número 438 de 2000, que pesaba sobre la Administración la carga de acreditar el cumplimiento del deber de comunicación al ACNUR que le imponen aquellos preceptos, dar ello, ante su silencio en los escritas de contestación a la demanda y  de oposición a este recurso de casación, y ante su falta de petición de prueba dirigida a acreditar que aquel deber hubiera sido cumplido, hemos de tener 'como hecho cierto en el proceso` que la comunicación no se hizo.”

"Las dos conclusiones que hemos alcanzado en los dos fundamentos de derecho precedentes, obligan a retrotraer el procedimiento administrativo a su momento inicial, para que se comunique  al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados la presentación de la solicitud de asilo y se continúe, tras ello, con estricta observancia de lo que dispone el ordenamiento jurídico.

Esta Sala, en atención a la jurisprudencia expuesta, debe estimar en parte recurso y acordar la retroacción del procedimiento al momento procesal en que se cometió la falta, con objeto de que, tras la comunicación  en debida forma al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la presentación de la solicitud de asilo, se continúe la tramitación del procedimiento en los términos previstos en la normativa reguladora.

FUNDAMENTO TERCERO.- Sin costas -ex artículo 139.1 LRLCA..
VISTOS preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLamos

PRIMERO.- Estimar en parte el recurso contencioso administrativo promovido par la representación procesal de don S. S. contra la Resolución de la Subsecretaria de Interior de 15 de septiembre de 2.006, dictada por delegación del Ministro del Interior, por no ser ajustada a Derecho.

SEGUNDO.- Acordar retrotraer el procedimiento administrativo a su momento inicial, para que se comunique al Alto Comisionado de las Naciones Unidas pira los Refugiados la presentación de la solicitud de asilo y se continúe, tras ello, la tramitación del expediente con estricta observancia de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

TERCERO- Desestimamos, bien que por la retroacción de las actuaciones acordada y a la espera de la finalización del procedimiento administrativo, las demás pretensiones deducidas por la parte recurrente.

CUARTO- No procede hacer expresa declaración en costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitida a la oficina de- origen a efectos legales, junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.