Tribunal Superior Justicia MURCIA SALA CONTENCIOSO- ADMINSTRATIVO
SENTENCIA: 486/2008 rec. 297/04 S 26/05/2.008.
Pte: Martín Sánchez, Ascensión.



     En la ciudad de Murcia, a Veintiseis de mayo de dos mil ocho. La Sala de lo Contencioso Admistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia  compuesta, por los Ilmos. Srs.: D. Abel Ángel Sáez Doménech,  como Presidente Doña Ascensión Martín Sánchez y  D. Joaquín Moreno Grau como Magistrados , ha pronunciado.

EN NOMBRE DEL REY

     la siguiente:

SENTENCIA n° 486/08

     En Murcia a veintiséis de mayo de dos mil ocho.

     En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO n° 297/04-G, tramitado por las normas ordinarias, y referido a: Liquidación derivada de Acta de Conformidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sanción tributaria por infracción tributaria grave.

Parte demandante:

Doña Matilde Loperena Conesa, representada por el Procurador Sr. D. José Julio Navarro Fuentes y dirigido por el Letrado Sr. Antonio Cuadros Castaño.

Parte demandada:

La Administración del Estado (TEAR), representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.

Acto administrativo impugnado:

Las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia, TEARM, de 29 de diciembre de 2003, desestimatoria de las reclamaciones Económico-Administrativas n° 30/1216/2003, n° 30/1217/2003, y n° 30/1218/2003, actas de Inspección, por no haber declarado unos rendimientos del capital inmobiliario correspondiente al arrendamiento de un inmueble, y por la que se impusieron unas sanciones tributarias Acta AO n° 72648786 de 1.596,53 €; Acta AO n° 72648813, por la que se impuso una sanción de 2.737,35 € y Acta AO 2n72648831, por la que se impone una sanción tributaria de 1.876,99€, en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, correspondiente al ejercicio de 2001; sanciones por infracción tributaria grave.

Pretensión deducida en la demanda:

Que se dicte sentencia por la que se entienda no ajustada a Derecho, tanto la liquidación por falta de ingreso como la sanción por tales hechos que le fue impuesta a la actora.

Siendo Ponente el Magistrado Iltma. Sri. Doña Ascensión Martín Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 19 de febrero de 2004, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO.- La parte demandada ha solicitado la desestimación de la demanda por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recorrida.

TERCERO.- Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

CUARTO.- Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 16-05-2008.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO.- Dirige la actora el presente recurso contencioso administrativo frente a las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia, TRAER, de 29 de diciembre de 2003, desestimatoria de las reclamaciones Económico-Administrativas n° 30/1216/2003, 30/1217/2003, y 30/1218/2003, actas de Inspección por no haber declarado unos rendimientos del capital inmobiliario correspondiente al arrendamiento de un inmueble, del que la recurrente según la Administración es propietaria de una parte indivisa desde el año 1991 y por la que se impusieron unas sanciones tributarias Acta al n° 72648786 de 1.596,53 € del ejercicio de 1998;; Acta AYO n° 72648813, ejercicios 1999 y 2000 por la que se impuso una sanción de 2.737,35 € y Acta AYO n° 72648831, expediente sancionador n° 72326110 por la que se impone una sanción tributaria de 1.876,99 €, en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2001; confirmando las actas de conformidad de la inspección y las sanciones por infracción tributaria grave Art. 79.a) LGT, y corresponde examinar si las mismas son ajustadas a derecho.
     La parte recurrente alega la posibilidad de impugnar las actas de conformidad por error de hecho, (la recurrente interpuso recurso de reposición contra las actas de conformidad y expedientes sancionadores, que fue desestimado por Acuerdo del Inspector Jefe adjunto de fecha 20-03-2003), de acuerdo con el Art. 49, párrafo 2° del RD 939 / 1996 del Reglamento de Inspección de Tributos, por cuanto las cantidades entregadas en concepto de arrendamiento a Doña Clotilde Conesa Hurtado, madre de la recurrente, no constituyen renta atribuible a la actora, porque no las cobro ni las incorporo a su patrimonio, siendo aplicado el importe de estas al pago de una deuda Hipotecaria de la abuela, la causante era avalista y responsable solidaria, junto a sus padres, que fueron quienes percibieron dichas cantidades, estando en aquel momento la herencia como yacente y se aplico al pago d deudas de la herencia, sin pertenecer ni poder ser asignable a ninguno de los coherederos, como así se ha hecho y que tampoco se ha tenido en cuenta que antes de determinar el haber repartible se tiene que hacer el oportuno inventario, tenido en cuenta el pasivo, que eran las deudas hipotecarias preferentes y una vez realizado el pago de las deudas, se realiza la correspondiente adjudicación, de acuerdo con la voluntad del testador Art. 1026 y 1027 del Código civil. Y que la escritura de adjudicación no se otorgo hasta el año 2000. En definitiva que la recurrente nada oculto porque nada cobro y las cantidades fueron aplicadas a deudas preferentes fijadas en escritura publica de Hipoteca y reconocida la existencia en sentencia judicial, por lo que las actas son nulas de pleno derecho conforme al Art. 62 de la Ley 30/92 y falta de motivación. Y acompaña copia testimoniada de la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de fecha 7-06-2004 recaída en el Rollo de apelación n° 75/03.
     La Administración demandada por el contrario mantiene la conformidad a derecho de la resolución del TEARM, en base al Art. 145,3 de la LGT y art. 62,2 del Reglamento de Inspección de Tributos, por lo que los hechos consignados por el inspector y aceptados por los interesados se presumen ciertos y solo podrán rectificarse mediante prueba de que se ha incurrido en error de hecho y la carga de la prueba corresponde al recurrente en base al Art. 114.1 LGT. Y la conducta es sancionable y Art. 77 LGT y la sanción fue impuesta en su grado mínimo, incrementada en 25 puntos porcentuales por ocultación de datos ART. 82.1.D) LGT. Y solicita se confirme la resolución del TEARM impugnada. Y con costas.

FUNDAMENTO SEGUNDO.- Esta Sala al resolver cuestiones similares a las aquí planteadas decía en sus sentencias 562/04, de 28 de septiembre, 806/04, de 29 de diciembre, 89/06, de 27 de febrero y 132/06 que para resolver primero si las actas de conformidad están motivadas procede indicar que la jurisprudencia (conforme ha recogido esta Sección en diversas ocasiones, como por ejemplo en las sentencias 481 y 502/03) ha señalado que "el sujeto pasivo debe conocer por medio del ejemplar del acta de conformidad, que le entregan los inspectores actuarios y que opera como notificación, los hechos y motivos de la propuesta de liquidación, como exige el aró. 124.1 a) CGT, así como las circunstancias concurrentes que permitan conocer la tipificación de las infracciones tributarias y los criterios aplicados para cualificar las sanciones (así lo señala la SS de 10-5-00 dictada en unificación de doctrina). Y añadía que ello no obstante en la realidad solía suceder que en las actas de conformidad la expresión de los hechos y de los fundamentos jurídicos suele ser muy concisa, tanto que en algunas ocasiones se incumplen los aros. 49 RED 939/ 1986 de 25 de abril, que aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y 124.1 a) CGT.
     En cambio, en las actas de disconformidad ocurre lo contrario, porque los inspectores actuarios deben incluso redactar un informe ampliatorio del acta, como dispone el aró. 56.3 RED 939/1986. No ignora el citado Reglamento que las liquidaciones originadas por actas de conformidad pueden ser recurrieres ante los Tribunales Económico­Administrativos, aunque se haya previamente prestado conformidad a la liquidación, y consciente de que el acta de conformidad será probablemente muy concisa, establece en su aró. 48.3 que «se solicitará, asimismo, informe por los órganos económico-administrativos cuando se interponga directamente reclamación contra la liquidación tributaria resultante de un acta de conformidad», de modo que, cuando se ponga de manifiesto al recurrente el expediente administrativo, éste tenga conocimiento de los hechos y fundamentos jurídicos precisos para enjuiciar la liquidación y las sanciones impuestas, sin que se le origine indefensión. Este trámite es el equivalente al que debe realizarse por la Inspección de los Tributos cuando, dentro del mes siguiente a la firma del acta de conformidad, el sujeto pasivo se vuelve atrás, rechaza la conformidad prestada y discute los hechos y la propuesta de liquidación, que también había aceptado, en cuyo caso debe, en ese momento, iniciarse la instrucción del correspondiente expediente de disconformidad, en el que es preceptivo que los inspectores actuarios emitan el informe ampliatorio, para que así, al igual que en el caso de impugnación directa ante los Tribunales Económico-Administrativos, no se produzca indefensión del sujeto pasivo.(STS 3.a Seca. 2.a de 22 de octubre de 1998)".
     Asimismo hay que tener en cuenta que los hechos aceptados por el contribuyente en las actas o en las diligencias de constancia de hechos levantadas por la Inspección, se presumen ciertos y solo pueden ser rectificados mediante la prueba de que incurrió en error de hecho (aró. 62.2 DGI y 145.3 CGT), sin que ello signifique que dicha presunción pueda extenderse a cuestiones jurídicas, pues, como esta Sección ha señalado en repetidas ocasiones (sentencias 1.92/88, de 15 de junio, 387/93, de 11 de mayo. 182/96, de 21 de marzo, 102/97, de 19 de febrero y 4/98, de 21 de enero, y 521/03, de 30 de julio, y diversas ocasiones, como por ejemplo en las sentencias 481 y 502/03), ha señalado que "el sujeto pasivo debe conocer por medio del ejemplar del acta de conformidad, que le entregan los inspectores actuarios y que opera como notificación, los hechos y motivos de la propuesta de liquidación, como exige el aró. 124.1 a) CGT, así como las circunstancias concurrentes que permitan conocer la tipificación de las infracciones tributarias y los criterios aplicados para cualificar las sanciones (así lo señala la SS de 10-5-00 dictada en unificación de doctrina). Y añadía que ello no obstante en la realidad solía suceder que en las actas de conformidad la expresión de los hechos y de los fundamentos jurídicos suele ser muy concisa, tanto que en algunas ocasiones se incumplen los aros. 49 RED 939/ 1986 de 25 de abril, que aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y 124.1 a) CGT. En cambio, en las actas de disconformidad ocurre lo contrario, porque los inspectores actuarios deben incluso redactar un informe ampliatorio del acta, como dispone el aró. 56.3 RED 939/1986. No ignora el citado Reglamento que las liquidaciones originadas por actas de conformidad pueden ser recurrieres ante los Tribunales Económico­Administrativos, aunque se haya previamente prestado conformidad a la liquidación, y consciente de que el acta de conformidad será probablemente muy concisa, establece en su aró. 48.3 que «se solicitará, asimismo, informe por los órganos económico-administrativos cuando se interponga directamente reclamación contra la liquidación tributaria resultante de un acta de conformidad», de modo que, cuando se ponga de manifiesto al recurrente el expediente administrativo, éste tenga conocimiento de los hechos y fundamentos jurídicos precisos para enjuiciar la liquidación y las sanciones impuestas, sin que se le origine indefensión. Este trámite es el equivalente al que debe realizarse por la Inspección de los Tributos cuando, dentro del mes siguiente a la firma del acta de conformidad, el sujeto pasivo se vuelve atrás, rechaza la conformidad prestada y discute los hechos y la propuesta de liquidación, que también había aceptado, en cuyo caso debe, en ese momento, iniciarse la instrucción del correspondiente expediente de disconformidad, en el que es preceptivo que los inspectores actuarios emitan el informe ampliatorio, para que así, al igual que en el caso de impugnación directa ante los Tribunales Económico-Administrativos, no se produzca indefensión del sujeto pasivo.(STS 3.a Seca. 2.a de 22 de octubre de 1998)".
     Asimismo hay que tener en cuenta que los hechos aceptados por el contribuyente en las actas o en las diligencias de constancia de hechos levantadas por la Inspección, se presumen ciertos y solo pueden ser rectificados mediante la prueba de que incurrió en error de hecho (aró. 62.2 DGI y 145.3 CGT), sin que ello signifique que dicha presunción pueda extenderse a cuestiones jurídicas, pues, como esta Sección ha señalado en repetidas ocasiones (sentencias 1.92/88, de 15 de junio, 387/93, de 11 de mayo. 182/96, de 21 de marzo, 102/97, de 19 de febrero y 4/98, de 21 de enero, y 521/03, de 30 de julio, y 164/2008, de 22 de febrero entre otras), las opiniones, presunciones o calificaciones jurídicas contenidas en las mismas escapan de las cuestiones de hecho y pueden ser discutidas sin limitación alguna por el sujeto pasivo, puesto que dicha conformidad no sana la aplicación errónea de una norma jurídica, ni priva al interesado de la acción para, restablecer el derecho, ya que nadie puede convertir en ajustado a derecho lo que no lo sea; lo cual supone en definitiva que dichas actas y diligencias son atacables por el contribuyente en todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas (STS de 8-10-93), las cuales quedan fuera del alcance de la presunción de certeza referida, ya que esta es una materia que en virtud del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) corresponde en última instancia decidir a los Tribunales de Justicia (sentencias del Tribunal Supremo de 2-4 y 10-12-1992, 7-10-93 y 1-2­93, que a su vez hace referencia a las de 5-9-91, 22-1-92 y 3-12-87). En el mismo sentido dice la SRC 76/90, de 26 de diciembre, que el valor probatorio de las actas y diligencias solamente puede referirse a los hechos directamente comprobados por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor etc.
     En el presente caso si bien es cierto que el acta de conformidad es muy concisa a la hora. de determinar los hechos que dan lugar a la modificación de las ingresos declarados y consta "que se han omitido ingresos de capital inmobiliario (arrendamientos) en cuantía de 13.671,79€ Acta 72648831. El hecho imponible ha sido desagregado y la Inspección se ha limitado a comprobar los ingresos de capital inmobiliario.
     Tal motivación debe considerarse suficiente al haber sido completada con el informe ampliatorio de fecha 7-03-03, y consta que la obligada tributaria es dueña de una tercera parte indivisa de los locales sitos en ……………. Y también consta fotocopia del contrato de arrendamiento entre Doña Clotilde Conesa Hurtado y D. Tomás Loperena Vega, padres de la recurrente , en el que manifiestan que son propietarios de pleno dominio de esos locales, y la documentación en el expediente es que la vendieron a Doña Isabel Hurtado Hurtado en 2-01-1984, libre de cargas y gravámenes. Consiguientemente, de acuerdo con el contenido del Acta de Conformidad y de las diligencias de constancia de hechos, a las que se prestó conformidad, estimamos que se encontraban suficientemente motivadas.
     A esto se prestó conformidad y respecto de esto se recurrió en reposición como consta en el expediente de inspección-, lo que implica que no existió en absoluto indefensión. Se trata de una cuestión de hecho aceptada y correspondía a la actora la carga de probar el error de hecho o la discrepancia con las valoraciones jurídicas que condujeron a la liquidación.
     Llega la Sala a tal conclusión porque las actas de conformidad, solamente se pueden impugnar alegando y acreditando haber incurrido en error de hecho o planteando cuestiones jurídicas como ha señalado la jurisprudencia al interpretar el aró. 62.2 DGI.

FUNDAMENTO TERCERO.- Para la prueba del error de hecho en  las actas de conformidad, por cuanto alega la actora que no percibió cantidad alguna en concepto de arrendamiento de los locales sitos en la Calle San Antón de ……… y que así lo acredita en base al contrato de arrendamiento de fecha 14-7-1997 y como copropietaria en 1/3 de un importe de 2.440.000 pesetas cada uno de los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001, como rentas anticipadas, por cuanto que el contrato fue firmado por sus padres Clotilde Conesa Hurtado,   y D. y D.Tomás Loperena Buendía  como arrendadores y EL SUPERMERCADO , S.A,  como arrendataria., y ellos recibieron las rentas, se acompañó contrato de arrendamiento y acompaña igualmente copia testimoniada de la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de fecha 7-06-2004 recaída en el Rollo de apelación n° 75/03. En la que se recoge que Doña Clotilde Conesa Hurtado,   y D.Tomás Loperena Buendía  vendieron a la a favor de la madre de la vendedora Doña Isabel Hurtado Hurtado, en fecha 2-1­1984, y que la misma otorgo testamento a favor de su hija y de sus nietos, uno de ellos es la actora, y que hasta el día 10-O1-02 se otorga escritura de adjudicación, (Fundamento de derecho tercero), lo que en principio supone aportar a la Sala elementos valorativos al respecto.
     La conclusión es la que la recurrente podía no ser la propietaria sino heredera hasta la fecha de adjudicación de herencia, el día 10-01­02. Pero esa es una cuestión jurídica y no constituye error de hecho sino de derecho. Y por lo tanto las actas de conformidad se entienden ajustadas a derecho.

FUNDAMENTO CUARTO.- Sin embargo considera la Sala no ajustadas a derecho la resoluciones sancionadoras dictada por el Inspector Jefe como consecuencia del acta de conformidad antes referida en la medida de que ha quedado probado que no se consideraba propietaria de los locales, y al no percibir las rentas no lo incluyo en sus declaraciones lo cual no constituye una infracción grave del aró. 79 a) CGT (dejar de ingresar dentro de plazo parte de la deuda tributaria), que ha sido sancionada en el grado mínimo consistente en el 50/ 100 de la cuota de acuerdo con lo dispuesto en el aró. 87.1 CGT al no apreciarse circunstancias eximentes del aró. 77.4 de la misma Ley.
     Llega la Sala a tal conclusión porque de lo expuesto con anterioridad se desprende que no es cierto que las actuaciones no consten los hechos imputados a la interesada -precisamente la falta de ingreso de deuda tributaria conforme a lo expresado en la liquidación que, como hemos dicho, está suficientemente motivada-. Pero también es cierto que los hechos fueron admitidos en el propio expediente sancionador según consta en Diligencia de constancia de hechos de fecha 26 de Noviembre de 2002, (no consta el n° de folio en el expediente administrativo) por Doña a Clotilde Conesa Hurtado, madre de la recurrente, Doña Matilde Loperena Conesa, , por lo que  es evidente que este reconocimiento era conocido por la Administración Tributaria. Y que a la actora le son aplicables los principios que rigen en materia sancionadora y entre ellos el de presunción de inocencia, hay que tener en cuenta que aunque las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia (aró. 77 CGT), y en este caso, de los datos sobrantes en el expediente administrativo no consta acreditada la negligencia de la recurrente Doña Matilde Loperena Conesa.

FUNDAMENTO QUINTO.- En razón de todo ello procede estimar el recurso contencioso administrativo formulado, anulando los actos administrativos impugnados por ser en lo aquí discutido no conformes a Derecho; sin apreciar circunstancias suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas (aró. 139 de la Ley Jurisdiccional).
     En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA.


FALLamos

     Estimar el recurso contencioso administrativo n° 297/2004-G interpuesto por Doña Matilde Loperena Conesa,  contra las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia, TRAER, de 29 de diciembre de 2003, desestimatoria de las reclamaciones Económico­Administrativas n° 30/1216/2003, n° 30/1217/2003, y n° 30/1218/2003, actas de Inspección, por no haber declarado unos rendimientos del capital inmobiliario correspondiente al arrendamiento de un inmueble, y por la que se impusieron unas sanciones tributarias graves, que se anulan por ser dichos actos impugnados, en lo aquí discutido, no conformes a Derecho; Y sin costas.

     Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno.

     Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.