Tribunal Superior Justicia MURCIA SALA SOCIAL SENTENCIA: 311/2007 rec. 197/07 S 26/03/2007
Pte: Jiménez Fernández, Rubén Antonio.

     En la ciudad de Murcia, a veintiséis de Marzo de dos mil siete.

     La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada por el Iltmo. Sr. Presidente D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, y los Iltmos. Sres. Magistrados, D. JOSÉ ABELLÁN MURCIA y D. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

     La siguiente:

SENTENCIA

     En el recurso de suplicación interpuesto por don Federico García Ruiz, contra la sentencia número 0387/2006 del Juzgado de lo Social número 3 de Murcia, de fecha 19 de octubre, dictada en proceso número 0177/2006, sobre Incapacidad, y entablado por don Federico García Ruiz frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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     Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y el que consta sentencia, en la que figuran declarados los siguientes hechos probados:
  1º.- El actor don Federico García Ruiz, nacido el día 9 de Mayo de 1951, ha estado afiliado al Régimen General Seguridad Social con Número 000000000000000000, siendo su última profesión la de Operario Limpieza Urbana en el Excmo. Ayuntamiento de Calasparra.
  2º.- Inició proceso de Incapacidad temporal el 23-01-04 y sometido a reconocimiento médico para la valoración de su situación, tras el agotamiento del periodo máximo de invalidez permanente, se emitió Informe médico de Síntesis en fecha 26-9-05 en el que se hace constar que el actor padece las siguientes dolencias: Artrosis astrágalo escafoides miembro inferior derecho; Insuficiencia venosa periférica, con cordones varicosos en miembros inferiores; Polineuropatía sensitivo motora grado moderado de etiología enólica; Claudicación ala marcha; ateromatosis carotidea; cuadros vertiginosos; limitación para la deambulación y bipedestación mantenida.
3º.- Por el Equipo de Valoración de Incapacidades, se elevó en fecha 29-09-05 propuesta de existencia de Incapacidad en grado de total para la profesión habitual, derivada de enfermedad común (revisable a los 24 meses), que por Resolución de la Dirección Provincial del INSS de 4-10-05 se elevó a definitiva.
4º.- La parte demandante presenta actualmente las dolencias que se recogen en el hecho probado segundo de esta resolución.
5º.- La base reguladora de la prestación solicitada asciende a 1.042,92 euros mensuales.
6º.- -Ha quedado agotada la vía Administrativa Previa"; y el fallo fue del tenor siguiente: "Que desestimando la demanda formulada por don Fernando Montoya Cuadrado, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), debo declarar y declaro no ha lugar a la demanda absolviendo a la parte demandada de la pretensión deducida en su contra".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado don Antonio Cuadros Castaño, en representación de la parte demandante, sin impugnación de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO.- La Sentencia de fecha 19 de Octubre del 2006, dictada por el Juzgado de lo social n° 3 de Murcia en los autos 177/06, desestimó la demanda deducida por Don Federico García Ruiz , contra el INSS, impugnando la resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 4-10-2005 que le declaró afecto de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, y reclamando en esta vía jurisdiccional prestaciones por incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo.
     Disconforme con la sentencia, el actor interpone recurso de suplicación, solicitando :A) Con carácter principal, la nulidad de lo actuado ( artículo 191.a de la LPL) desde la fase administrativa, por defectos en la tramitación del expediente administrativo, que supone la vulneración del RD 1300/95 y su Orden de desarrollo, o, alternativamente, la nulidad de lo actuado en la vía jurisdiccional, por haberse dictado sentencia sin haberse incorporado prueba documental que fue propuesta y admitida por el juzgador de instancia. B) La revisión de los hechos declarados probados, al amparo del artículo 191.b de la LPL. C) la revocación de la sentencia, para que se dicte otra estimatoria de la demanda, por la vulneración del artículo 137.1c de la LGSS, artículo 218, 208.3 y 97.2 de la LEC, artículo 6.1 del convenio de Roma y artículo 14.1 de la CE.

FUNDAMENTO SEGUNDO.- Se solicita en primer lugar la nulidad de lo actuado, por defectos en la tramitación del expediente administrativo previo.

     La nulidad invocada no puede prosperar: A) De un lado, porque tal defecto no fue alegado en la vía administrativa, con ocasión de la formulación de la reclamación previa, ni en la vía jurisdiccional, pues no consta alegación al respecto ni en la demanda ni en el acto del juicio. B) De otro, porque no consta ninguna de las vulneraciones alegadas de la L. 30/92, dado que en modo alguno consta que el actor se interesara por el estado de tramitación de su expediente y tal información le fuera denegada (artículo 35.a), ni que solicitara conocer la identidad de las autoridades o personal responsables de la tramitación de su expediente, y tal información no fuera I facilitada, ni que le haya sido denegado el acceso a documentos existentes en los archivos del Servicio de salud o del INSS; la resolución de la Dirección Provincial del SS que le reconoció prestaciones por incapacidad permanente total esta suficientemente motivada (artículo 54)C) Del examen del expediente administrativo se desprende que al mismo se incorporaron los informes existentes en su historial médico, que en base a los mismo y al reconocimiento del interesado por el facultativo el EVI se emitió el correspondiente informe medico de síntesis, que por el EVI se emitió informe propuesta y que al expediente se incorporaron los correspondiente informes sobre alta y cotización; el expediente contiene datos sobre la profesión del actor (empleado de limpieza urbana y de la empresa que utilizaba sus servicios, siendo tales datos suficientes para la elaboración de informe profesional, dado que el citado puesto de trabajo no reviste ninguna singularidad que hiciera necesario oír a la empresa; produce por lo tanto rechazar la vulneración de los artículo 4 y 5 del RD 1300/95 y artículo 9 de la OM 18 de Enero de 1996, debiendo de señalarse que esta última no impone la obligación de solicitar informes a la empresa, sino que, tan solo, acuita al EVI para solicitarlos cuando lo creyere necesario.

     Finalmente argumenta el actor la nulidad del expediente administrativo porque la EVI no solicitó un informe psiquiátrico. Tal pretensión no puede prosperar dado que, en el expediente administrativo consta el informe de síntesis en el que el facultativo medico refiere, como estado general, deterioro y, respecto del sistema nervioso, polineuropatía distal de etiología enólica y, como resultado de RM cerebral, las lesiones isquémicas en sustancia blanca. Es cierto que el EVI podía haber solicitado ampliación de tal informe, pero al no hacerlo no incurrió en causa de Nulidad, máxime si se tiene en cuenta que el actor tampoco alegó en la vía previa. El déficit intelectual ni solicito informe al respecto, con ocasión de la reclamación previa.

     Al amparo del artículo 191.a, el actor solicita la nulidad de la sentencia recurrida, por cuanto que la misma se dicto sin que se hubieran incorporado a los autos el informe medico del centro de salud de Calasparra, solicitado con ocasión de la Demanda, cuya incorporación fue aceptada por el juzgador de instancia por auto de cha 23 e Mayo del 2006. La nulidad invocada por tal motivo tampoco puede prosperar, de un lado, porque el actor no formulo protesta alguna con ocasión de la celebración del juicio, de otro, porque los informes solicitados se incorporaron a los Autos el día 20 de Mayo, y si bien tal incorporación se produjo un día después al de la fecha de la sentencia, los mismos no aportaban elemento alguno de conocimiento de elevancia, pues se trataba de los mismos informe que ya habían sido integrados en el Expediente administrativo.

     No cabe por tanto estimar vulneración del artículo 24 de la Constitución Española.

     Tampoco se aprecia la vulneración del artículo 14 de la CE, principio de igualdad, ni de los artículos 6.1 6.3 del convenio Europeo para la Protección de Los Derechos Humanos y Libertades fundamentales, dado que no consta la relación que queda existir entre los citados preceptos y los defectos apuntados en la tramitación del Expediente administrativo previo y en la instancia.

     El primer motivo del recurso debe de ser rechazado.

FUNDAMENTO TERCERO.- El relato judicial de los hechos refleja, en los apartado segundo y cuarto, el conjunto de las dolencias y limitaciones que presenta el actor, en los términos siguientes:
     "Artrosis astrágalo escafoides miembro inferior derecho; insuficiencia venosa periférica, con cordones varicosos en miembros inferiores; polineuropatía sensitivo motora grado moderado de etiología enolica; claudicación a la marcha; ateromatosis carotidea, cuadros vertiginosos; limitación para a deambulación y bipedestación mantenida".
     Solicita el actor ampliar tal descripción, facilitando una redacción alternativa a que no cabe acceder, de un lado, porque la mayor parte de las dolencias son coincidentes con las ya recogidas en el relato judicial, de otro, porque en la redacción alternativa se pretender relacionar determinadas secuelas con anterior accidente de trabajo, sin que se aprecie tal conexión, como es el caso de la ateromatosis carotidea y determinados defectos, como el síndrome vertiginoso, no tiene carácter continuo, sino episódico, como ocurre en la posible perdida de visión.
     La artrosis de columna vertebral y de rodillas que se recoge en el informe, obrante al folio 60 y 61 no aparece en el relato de los hechos, si bien su incorporación crece de interés, pues el proceso artrósico referido tiene carácter leve y es compatible con la edad del demandante.
     El segundo motivo del recurso, tampoco, puede prosperar.

FUNDAMENTO CUARTO.- Presenta el actor, como limitación funcional principal, la imposibilidad de mantener la bipedestación o marcha. Tal limitación constituye un obstáculo no solo para llevar a cabo las labores que son propias de un peón de limpiezas, sino también de cualquier otra que exija la bipedestación o marcha prolongada. Como argumenta el juzgador de instancia, cabria estimar que el Demandante tiene aptitud para llevar a cabo taras de tipo sedentario; tales tareas son las de naturaleza administrativa, o aquellas que se caracterizan por la destreza manual montaje, confección etc) ; unas y otras exigen una singular aptitud de tipo intelectual que, aunque no haya quedado reflejada a través de los correspondientes informes médicos, no cabe presumir en el actor cuya vida laboral ha sido dedicada a las tareas agrícolas a los trabajos de limpieza urbana, antecedentes de los que cabe concluir una alta de formación para tareas de predominio intelectual., a las cuales no puede acceder n la actualidad debido, no solo a su avanzada edad, sino también a las limitaciones que derivan del etilismo crónico que padece; tal falta de aptitud se desprende del Informe médico de síntesis , en el que se refiere deterioro general, lesiones isquémicas en el cerebro y una manifestación de un importante etilismo crónico, como es la Polineuropatía sensitivo motora que es la principal causante de su dificultad para deambular y permanecer de pie; presenta así mismo el actor una ateromatosis carotidea que le produce episodios de vértigo y perdida de visión (amaurosis), una insuficiencia venosa periférica en extremidades inferiores y una importante artrosis, postraumática, astrágalo-escafoidea.
     El conjunto de tales dolencias, unido a la avanzada edad del trabajador demandante, determinan una muy importante perdida de aptitud para cualquier tipo de trabajo, incluso los de carácter sedentario, por lo que es preciso estimar que el mismo se encuentra afecto de incapacidad permanente, en grado de Incapacidad absoluta, pues su capacidad laboral residual no es compatible con la oferta e trabajo que pueda existir en la actualidad en el mercado laboral. La sentencia recurrida, en cuanto no le declaró afecto de incapacidad permanente absoluta, vulneró, por falta de aplicación el artículo 137.5 del RDL 1 / 1 994, en su redacción anterior a la dada por la L.24/1997, en vigor por efecto de la Disposición transitoria 2 bis de la LGSS. Procede por tanto, la Estimación del Recurso y declarar el derecho del Actor a percibir las prestaciones correspondientes a dicho grado de Incapacidad.


FALLO

     En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la Autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:

     Estimar el recurso de Suplicación interpuesto por D. Don Federico García Ruiz , contra la sentencia de fecha 19-10-2006, dictada por el Juzgado de lo Social ° 3 de Murcia, revocar la misma y, con estimación parcial de la demanda por el Deducida contra el INSS, declarar que el citado trabajador se encuentra afecto de Incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una prestación del 100 por 100 de la base reguladora mensual de 1-042.92 Euros y efectos a partir del 29-9-2005, condenando a su pago al INSS; manteniendo los restantes pronunciamientos contenidos en la sentencia recorrida.

     Dése a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

     Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.